El robo de identidad se ha convertido en uno de los delitos cibernéticos más preocupantes en la actualidad, afectando a miles de personas alrededor del mundo.
Con el aumento del uso de plataformas digitales y la creciente cantidad de información personal que compartimos en línea, los delincuentes encuentran nuevas formas de acceder a datos sensibles para cometer fraudes y suplantar a sus víctimas.
Este delito pone en riesgo las finanzas, la reputación y seguridad de las personas afectadas.
Al acceder a información personal, los delincuentes pueden utilizarla para realizar transacciones fraudulentas, solicitar créditos a nombre de la víctima o incluso cometer otros delitos, lo que genera no solo pérdidas económicas, sino también un daño a la reputación de la persona afectada.
En México, el robo de identidad se posiciona como el octavo delito más común, generando pérdidas anuales de aproximadamente 9 millones de dólares.
Por su parte el Estado de México se encuentra dentro de las tres entidades con el mayor número de fraudes contra empresas cometidos por suplantadores de identidad.
Uno de los factores que agravan el problema del robo de identidad en México es la falta de atención a los movimientos financieros por parte de los cuentahabientes.
Un estudio de seguridad financiera reveló que el 43% de los mexicanos no revisa sus estados de cuenta regularmente, lo que les impide detectar a tiempo cobros o cargos irregulares en sus tarjetas de crédito. Esta falta de control personal sobre sus finanzas abre la puerta para que los delincuentes operen con mayor facilidad, aprovechando la inercia de los usuarios.
Las consecuencias del robo de identidad no solo se limitan a las pérdidas económicas; el impacto emocional y la carga administrativa para recuperar la identidad también son devastadores. Los afectados suelen enfrentarse a largos procesos legales y financieros para demostrar que han sido víctimas de fraude, lo que puede dañar su historial crediticio y su reputación a largo plazo.