Las deficiencias en la arborización en espacios públicos y camellones ha sido un tema de creciente preocupación tras las olas de calor que hemos experimentado en los últimos meses. Las transformaciones urbanas y las decisiones erróneas en la selección de especies, han generado un impacto negativo tanto en el paisaje como en el ambiente.
Pese que hay una guía de árboles y plantas de la zona urbana de Torreón, esta es ignorada hasta por los mismos gobiernos por lo que de esta forma, podemos ver en diferentes camellones y espacios públicos, palmas en lugar de especies que contribuyan de manera significativa a la mitigación del impacto ambiental derivado del calentamiento global.
"Desafortunadamente lo seguimos viendo como el mismo gobierno no usa las propias especies de la región en la Plaza Mayor cuando se construyó en laterales son encinos, el sistema Cuatro Caminos, el paso de Villa Florida que no se pusieron especies nativas", dijo Miguel Garza, investigador de Ciencias Biológicas de la UJED.
En lo que respecta a la obra del Sistema Vial Cuatro Caminos, obra del Gobierno del Estado, no consideró a Medio Ambiente Municipal para la selección de la especie que se plantó.
"No, es lo que estamos buscando que tengamos, pues que haya opinión de Medio Ambiente para que se nos tome en cuenta porque específicamente en esa obra, no", dijo María del Refugio Loya, directora de Normatividad de la Dirección de Medio Ambiente de Torreón.
Aunque existe el reglamento de Desarrollo Sustentable de Protección al Ambiente de Torreón, la directora de Normatividad dice que, en cuestión de las especies recomendadas tanto a fraccionamientos urbanos nuevos, como en obras y espacios públicos, no es obligatorio que se empleen las que estén mejor adaptadas a la región.
"Viene como recomendaciones, pero sí yo creo que con la situación que tenemos ahorita tenemos que hacer políticas públicas para poder llegar a ese punto", agregó.
Ante la crisis climática actual es fundamental que se hagan las políticas públicas y reglamentaciones que fomenten la plantación de especies nativas y su adecuado mantenimiento, que sea el mismo Gobierno el que ponga el ejemplo y que los desarrolladores se comprometan a seguir estas directrices. La sociedad también tiene un rol crucial en la arborización urbana y para esto la educación ambiental es clave para que los ciudadanos comprendan la importancia de elegir las especies correctas y mantenerlas adecuadamente.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
54 de cada 100 jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 años son económicamente activos. De acuerdo con cifras del INEGI, la mayoría se emplea en trabajos elementales o de apoyo , seguidos de profesionistas o técnicos y actividades comerciales.
Un alto porcentaje de jóvenes (55%) trabaja en condiciones precarias, de ahí que busquen opciones fuera del país para poder desarrollar o bien ampliar sus conocimientos.
Una opción que para muchos es difícil por la carga económica que representa la movilidad.
Deborah Martínez, internacionalista y candidata a doctorado, lleva varios años viviendo en países como Rusia, Hungría y Países Bajos, donde asegura que el factor más difícil a vencer es adaptarse a una cultura y el fondo económico que se necesita para vivir en otra nación.
Ella es originaria de la Ciudad de México y domina cinco idiomas: inglés, ruso, holandes, francés y su natal español, pese año menciona que no dominar un lenguaje diferente no es limitante para ejercer una movilidad, ya sea como estudiante o trabajador.
Muchos jóvenes mexicanos emigran para trabajar en el extranjero, principalmente a Estados Unidos, pero también a Canadá, España y otros países. La mayoría de estos jóvenes busca oportunidades laborales o estudiantiles.
Los expertos y quienes ya trabajan en el extranjero indican que afrontar culturas diferentes, tener disciplina y fortaleza mental, son los factores que influyen para que la estadía de un trabajador mexicano en otro país sea larga y duradera.
Ecatepec de Morelos es uno de los municipios con mayor desabasto de agua en todo el Estado de México. Los bloqueos por habitantes de ese municipio que exigen agua a través de la red hidráulica son todos los días.
Desde el primer minuto de este 2025, el gobierno municipal ha implementado una serie de acciones para suministrar de agua a los habitantes de Ecatepec. Además de las fugas, el robo de agua son los principales causantes del desabasto general.
Francisco Reyes Vázquez director del organismo del agua y alcantarillado SAPASE dio a conocer que en los últimos días han intervenido doce válvulas de las cuales se intervenía el líquido que es el agua que corre por las líneas, además se han deshabilitado garzas donde se cargaban pipas las 24 horas.
El titular informó que se ha logrado disminuir el robo de agua y se ha aumentado hasta en un 35 por ciento el suministro a través de la red. Sin embargo, confirmó que aún hay puntos que han detectado donde se sigue sustrayendo el agua de manera ilegal.
Además dijo que para evitar la venta ilegal de agua, desde inicios de este año se prohibió la venta de agua a través de pipas, servicio gratuito exclusivo del organismo del agua.
