Fondos deportivos en Coahuila: ¿Dónde quedan?
El deporte en Coahuila es gestionado por un Instituto estatal, el INEDEC, que destina una gran parte de sus recursos para su operación interna, dejando en segundo plano a los atletas que necesitan apoyo para su desarrollo. El presupuesto de egresos del estado de Coahuila para 2024 revela que el INEDEC cuenta con 103 millones 200 mil pesos, de los cuales 34 millones 846 mil están destinados a becas para deportistas.
Presupuesto del Instituto Estatal del Deporte:
A pesar del despliegue de recursos por parte del estado, el apoyo del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), sigue un proceso indirecto. Marlene Alvarado, directora de Atención a Centros del Deporte Municipal, explicó: "Nosotros bajamos el recurso a través de la secretaría de finanzas del estado, de ahí se va a los órganos de cultura, física y deporte o si alguno de estos institutos del deporte debe comprobaciones, puede llegar a los municipios directamente".
En 2023, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila tuvo un presupuesto de 101 millones 067 mil pesos, de los cuales se destinaron 17 millones 558 mil 022 pesos a becas para deportistas, la mitad del presupuesto asignado para becas en 2024.
Presupuesto INEDEC 2023:
María Guadalupe Gaitán, coordinadora de Centros de Desarrollo de la CONADE, señaló: "Se sabe que el bajo rendimiento, los pocos logros en los escolares, hacen que los chicos desistan de esta educación".
La estructura organizacional del deporte en México y en Coahuila carece de cohesión. La CONADE depende de la Secretaría de Educación, pero no tiene injerencia en las escuelas. Esta dependencia transfiere recursos a las secretarías de finanzas estatales, que a su vez los distribuyen a los institutos municipales. En última instancia, el atleta es quien se enfrenta a la falta de apoyos directos, perpetuando un ciclo de insatisfacción y carencias.
Por: Abel Martínez (@AbelMartinezMX)
En 2024 5.8 millones de personas fueron afectadas por los apagones de mayo.
El gobierno afirmó que el sistema eléctrico nunca estuvo en riesgo y que no está en crisis, pero expertos advierten que está en alerta, pues la demanda de electricidad crece 3% cada año y no se desarrolla infraestructura suficiente para cubrirla.
Fernando Zendejas Reyes, exsubsecretario de electricidad de la Secretaría de Energía (SENER), destaca "han frenado la inversión privada en las plantas de generación, diciendo es que es traición a la patria que la generación no la haga como monopolio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y han estado poniendo el poco dinero que tiene la CFE en plantas de generación que no están listas y en comprar las 13 plantas que le compraron a Iberdrola".
Pero ¿cuánta electricidad consume el país? ¿Quién la genera?
La demanda máxima diaria es de 53 mil mega watts, ocurre por la noche, cuando los 49 millones de usuarios encienden la luz.
La electricidad es generada por la CFE y empresas privadas.
Hasta hace unos meses, la CFE era incapaz de solventar esa demanda máxima, sólo generaba 45 mil mega watts y dependía de los privados, pero con la compra de las plantas de Iberdrola ya la cubre.
Los privados disminuyeron su capacidad a 38 mil mega watts.
Emilia Calleja Alor, directora de la CFE, explica "Tenemos un total de 92 mil 14 mega watts de capacidad efectiva, en todo nuestro sistema, en el cual CFE participamos de un 45 mil 117 mega watts".
El gobierno asegura que en este sexenio aumentará la capacidad de generación 31.5% sumando 29 mil 74 mega watts, de los que 24% son obras inconclusas del sexenio anterior, 54% nuevos proyectos y sólo 22% de privados.
Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, asegura, "México ha recuperado el control de su sistema eléctrico y que la CFE vuelve a ser una gran palanca del desarrollo nacional y protagonista de nuestra soberanía".
Expertos consideran que el plan suena positivo, pero no culminarían todos los proyectos y eventualmente la inversión no sería suficiente, por lo que se debería impulsar más inversión privada.
"No condenemos a que la CFE lo tenga que hacer todo porque el presupuesto público no alcanza", puntualiza Fernando Zendejas.
El gobierno encabezado por Román Alberto Cepeda en Torreón ha sido reiteradamente señalado por ejercer represión contra movimientos sociales, activistas y manifestaciones ciudadanas. Diversos episodios documentan una respuesta hostil por parte de las autoridades municipales ante cualquier crítica pública o exigencia colectiva.
Uno de los casos más representativos es el de Sofía Díaz, activista e integrante de la Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres, quien en 2023 denunció públicamente agresiones de policías municipales durante la marcha del Día de la Mujer, donde se realizaron acciones de iconoclasia. La respuesta del gobierno fue inmediata.
"Y al día siguiente, este 6 de la mañana, 9 de marzo, yo estaba en horario estelar, siendo señalada por el alcalde como responsable de las pintas que se habían hecho este en Plaza Mayor", denunció Díaz.
La exposición de Sofía en medios oficiales incluyó fotografías de su vehículo obtenidas desde el sistema de vigilancia C4, mostrando placas, marca, modelo y hasta su ruta diaria. Esto desató una ola de preocupación por la invasión a su privacidad y por el uso de recursos públicos con fines de intimidación.
Un año después, durante la marcha del 8 de marzo de 2024, elementos policiacos que escoltaban la movilización agredieron nuevamente a mujeres manifestantes. Las imágenes del operativo circularon ampliamente en redes, generando indignación y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Otro caso reciente fue el de ciudadanos que denunciaron un presunto fraude inmobiliario. Tras hacerlo público, recibieron visitas de inspección por parte de personal de Urbanismo e Inspección y Verificación del Ayuntamiento.
"Por supuesto que es represión porque es de todos conocidos que a la actual presidencia municipal no le gusta, por lo menos, que nadie se exprese en contra del accionar que tienen... pues realmente todo el ayuntamiento", afirmó Alfonso Serrano Facuse, uno de los afectados.
Los antecedentes no terminan ahí. En 2022, ejidatarios de San Luis fueron reprimidos durante una protesta que terminó con varias detenciones. Más recientemente, en abril de 2025, Rolando Medina, habitante del ejido Nuevo Mieleras, fue asesinado por elementos del Grupo de Reacción Torreón durante un intento de desalojo. Su familia, al intentar manifestarse, también fue reprimida. En ambos casos, los afectados solo pedían una audiencia con el alcalde.
Estas acciones han generado señalamientos por el uso del poder público para silenciar disidencias, una práctica que organizaciones civiles califican como preocupante y sistemática.