Fondos deportivos en Coahuila: ¿Dónde quedan?
El deporte en Coahuila es gestionado por un Instituto estatal, el INEDEC, que destina una gran parte de sus recursos para su operación interna, dejando en segundo plano a los atletas que necesitan apoyo para su desarrollo. El presupuesto de egresos del estado de Coahuila para 2024 revela que el INEDEC cuenta con 103 millones 200 mil pesos, de los cuales 34 millones 846 mil están destinados a becas para deportistas.
Presupuesto del Instituto Estatal del Deporte:
A pesar del despliegue de recursos por parte del estado, el apoyo del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), sigue un proceso indirecto. Marlene Alvarado, directora de Atención a Centros del Deporte Municipal, explicó: "Nosotros bajamos el recurso a través de la secretaría de finanzas del estado, de ahí se va a los órganos de cultura, física y deporte o si alguno de estos institutos del deporte debe comprobaciones, puede llegar a los municipios directamente".
En 2023, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila tuvo un presupuesto de 101 millones 067 mil pesos, de los cuales se destinaron 17 millones 558 mil 022 pesos a becas para deportistas, la mitad del presupuesto asignado para becas en 2024.
Presupuesto INEDEC 2023:
María Guadalupe Gaitán, coordinadora de Centros de Desarrollo de la CONADE, señaló: "Se sabe que el bajo rendimiento, los pocos logros en los escolares, hacen que los chicos desistan de esta educación".
La estructura organizacional del deporte en México y en Coahuila carece de cohesión. La CONADE depende de la Secretaría de Educación, pero no tiene injerencia en las escuelas. Esta dependencia transfiere recursos a las secretarías de finanzas estatales, que a su vez los distribuyen a los institutos municipales. En última instancia, el atleta es quien se enfrenta a la falta de apoyos directos, perpetuando un ciclo de insatisfacción y carencias.
Las redadas migratorias en ciudades santuario como Los Ángeles han encendido protestas masivas. En respuesta, el presidente Donald Trump amenaza con aplicar una medida extrema: la Ley de Insurrección.
¿En qué consiste y por qué genera tanta controversia? Aquí te lo contamos.
Para entender de qué trata esta ley, primero hay que definir qué es una insurrección. Este término se refiere a levantamientos o rebeliones contra un gobierno o autoridad establecida, generalmente de forma violenta y organizada.
Pueden tener un carácter político, social o militar, y su objetivo suele ser derrocar al gobierno o cambiar la situación política existente.
Con eso claro, veamos qué dice esta ley y cómo se ha aplicado en la historia de Estados Unidos. Es una ley que permite al presidente desplegar tropas dentro del país para sofocar insurrecciones o hacer cumplir la ley cuando las autoridades locales se ven rebasadas.
Es decir, una especie de "ayuda extra" enviada desde el gobierno federal, aunque su uso está reservado para situaciones consideradas como emergencias nacionales
Esta permite al Presidente suspender temporalmente el Acta Posse Comitatus, que prohíbe generalmente la participación militar en el enforcement de la ley civil. Esto se hace bajo tres secciones principales:
Esta ley se creó en 1792 y fue actualizada en 1807 y 1871
Su uso fue especialmente relevante durante el periodo de reconstrucción, posterior a la Guerra Civil, cuando se buscaba reintegrar a los estados del sur a la Unión, reconstruir la economía y garantizar los derechos de los afroamericanos liberados tras la abolición de la esclavitud.
Durante esta etapa, los esfuerzos por establecer igualdad legal para los afroamericanos se enfrentaron a una fuerte resistencia y, aunque se lograron avances importantes en derechos civiles, los resultados fueron limitados y en muchos casos temporales.
Pero no todo es blanco y negro: el Brennan Center for Justice y otros expertos legales han advertido que esta ley deja demasiado poder en manos del presidente, sin supervisión real del Congreso ni de los tribunales
Esta ley solo puede ser invocada por el presidente, y ha sido invocada al menos 20 veces en 230 años, de acuerdo a Brennan Center for Justice, estos lugares son:
Aunque su uso ha sido históricamente limitado, la amenaza de invocar esta ley en un contexto de protesta social por derechos migratorios despierta preguntas incómodas: ¿se está usando una herramienta pensada para la guerra civil para responder a la desobediencia civil? ¿Dónde trazamos la línea entre orden y represión?
El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, negó que se haya contratado a una empresa fantasma para orquestar un fraude millonario en contra de las finanzas del Simas Torreón, tal como lo denunció mediática y penalmente el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.
El alcalde respondió a las acusaciones sobre la posible contratación ilegal de la empresa Grupo Integrador de Servicios de Edificación para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en pozos de agua de la ciudad.
De acuerdo con la denuncia, el Simas habría contratado a la empresa, fundada en 2008 y cuyo uno de sus fundadores es trabajador en la dirección de servicios públicos del municipio, para realizar trabajos de mantenimiento, sin embargo, según la queja, éstos nunca se llevaron a cabo.
Además, entre 2004 y el presente año, Grupo Integrador de Servicios de Edificación, cuya sede fiscal es un domicilio particular sobre la venida Morelos, ha facturado más de 66 millones de pesos al Simas Torreón.
Pese a las denuncias, Cepeda González dijo que Luis Fernando Salazar solo quiere ganar reflectores y dijo que es "el mismo mentiroso chapulín de 2021".
Mientras tanto, la cúpula del priismo torreonense realizó una conferencia de prensa durante la mañana de este martes 10 de junio, en el que lamentaron las acusaciones del grupo opositor.
La rueda de prensa fue encabezada por la dirigente municipal del PRI y diputada federal, Verónica Martínez, el diputado local Felipe González, Luis Jorge Cuerda, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón y fue asistida por Yohan Uribe, responsable de la comunicación social del municipio de Torreón.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 35, este lunes externó su postura ante los actos violentos registrados la semana pasada en instalaciones del Centro Nacional de Educación, sede nacional del SNTE, atribuidos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Al respecto Arturo Díaz, Secretario General reprobó las acciones violentas, destacando que como educadores, no es la imagen correcta para exigir demandas y mejores prestaciones laborales para los docentes.
"Estos métodos perjudican a los estudiantes y dañan la imagen del magisterio, justo cuando el SNTE busca recobrar credibilidad tras la denostación sistemática de reformas anteriores".
Dentro del posicionamiento, el líder magisterial indicó que comparten las mismas demandas, recalcó que existen mecanismo como el diálogo y la negociación; con lo que se pueden obtener importantes logros.
Entre ellos hizo mención del millón de "basificaciones", los incrementos salariales que están por encima de la inflación y con los que agregó que esperan que se concrete, la reforma al régimen de pensiones para el retiro digno de los maestros.