Censuran información vital sobre VIH y salud reproductiva en EE.UU
Desde el 31 de enero, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas drásticas al eliminar varios sitios web gubernamentales que brindaban apoyo a personas con VIH y ofrecían información sobre métodos anticonceptivos
Esta acción se inscribe en una serie de iniciativas del presidente Donald Trump para desmantelar lo que considera ideologías de género y promover la exclusión en temas de salud, particularmente afectando a la comunidad LGBTQ+ y a las mujeres.
La eliminación de estos portales ha sido denunciada por activistas, quienes subrayan que muchos de los recursos suprimidos eran vitales para el monitoreo del VIH en el país. Estos sitios proporcionaban estadísticas sobre diagnósticos, desgloses de infecciones por raza y género, así como apoyo para personas con VIH en etapas avanzadas.
Entre los recursos eliminados se encuentra el sitio reproductiverights.gov, que ofrecía información sobre atención reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos
La Casa Blanca ha indicado que algunos de estos portales podrían ser restaurados tras una revisión exhaustiva, aunque se anticipa que aquellos relacionados con la anticoncepción permanecerán censurados. Esta censura se produce en un momento en que aproximadamente 1.2 millones de personas viven con VIH en Estados Unidos, lo que resalta la gravedad de la situación para quienes dependen de estos recursos.
Además, el gobierno enfrenta un creciente problema social: una proporción considerable de padres no puede mantener a sus hijos. Según datos recientes, alrededor del 20% de los hogares con niños en Estados Unidos viven en condiciones de pobreza, lo que agrava la crisis social y económica del país.
Estas acciones del gobierno no solo afectan a las personas con VIH, sino que también tienen repercusiones más amplias en la salud pública y el bienestar social
La eliminación de recursos críticos puede llevar a un aumento en las tasas de infección y complicaciones relacionadas con el VIH, además de restringir el acceso a servicios esenciales para la salud reproductiva, según denuncian activistas.