A comparación de años anteriores cuando se registraron hasta 938 casos de dengue en la Comarca Lagunera de Durango, la Jurisdicción Sanitaria Número Dos reporta sólo 31 casos sospechosos en lo que va del 2018.
Jorge Hernández, titular de la dependencia hizo referencia que los más de novecientos casos se registraron en el 2016, detectando a la colonia López Portillo como el principal punto de brote.
Durante el 2017 se registró una reducción a 370 casos como resultados de las acciones implementadas por el gobierno municipal como el estatal,consideró el Jefe Jurisdiccional.
Dentro de las principales medidas para atacar al mosquito Aedes Aegyptis se llevaron a cabo nebulizaciones en calles y la aplicación de pintura especial para su exterminación en los sectores de riesgo.
Otra medida de prevención en la que aún se trabaja, debido a la resistencia que presenta la ciudadanía según lo declarado por el Jefe Jurisdiccional, es la eliminación de cacharros: llantas, botellas, cubetas o cualquier depósito que pudiera contener agua ya que se convierte en un criadero de larvas.
Por lo demás se exhortó a mantener limpios patios y azoteas, ante la temporada de lluvias ya que es la más propicia para la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
Casa Puente atiende a menores trabajadores en situación de calle en Torreón.
UNICEF estima que 100 millones de niños y niñas viven en situación de calle en el mundo. De ellos, 40 millones se encuentran en América Latina. En Torreón, el DIF Municipal atiende actualmente a 53 menores a través del programa Casa Puente.
UNICEF clasifica a estos menores en dos grupos. Los niños y niñas en la calle mantienen vínculos con sus familias y trabajan en espacios públicos, como cruceros y plazas. Representan aproximadamente el 75% de los casos. En cambio, los niños de la calle han perdido contacto con sus familias y viven sin hogar por abandono o por decisión propia.
En entrevista, Giovanni Gómez, titular de la Dirección de Intervención Familiar del DIF Torreón, explicó cómo funciona el programa:
"Atendemos a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo, por ejemplo, los que por alguna razón estaban trabajando en la calle, en los cruceros. Empezamos a hablar con ellos, contactamos a los papás y los ingresamos a Casa Puente".
El programa brinda atención médica, psicológica, alimentación y clases artísticas. También busca reincorporar a los menores al sistema educativo.
"En Casa Puente lo que hacemos es que les damos atención psicológica, hay revisión médica, por supuesto alimentación, hacemos una regularización en aquellas áreas donde no estén tan bien. Aparte, tenemos clases artísticas", detalló Gómez.
Estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) indican que 4 de cada 10 niños en situación de calle caen en adicciones o en la delincuencia. Su esperanza de vida se reduce a entre 22 y 25 años.
Casa Puente ofrece atención por un máximo de seis meses debido a su capacidad limitada. Sin embargo, si un menor necesita regresar, puede hacerlo.
Integrantes del colectivo Madres Poderosas bloquearon el acceso de entrada a las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en La Laguna, como medida de presión ante el retraso en la entrega de apoyos económicos destinados a hijos e hijas de víctimas de feminicidio, por parte del Gobierno del Estado a cargo de Manolo Jiménez Salinas.
Las mujeres lamentaron que la celebración del Día del Niño y la Niña que normalmente hacen con sus nietas y nietos, en esta ocasión se viera suspendida para exigir sus derechos.
El apoyo, que consiste en $4,000 pesos bimestrales por menor, no ha sido entregado en lo que va del año, de acuerdo con las declaraciones de Cristela Soto y Rosa María Rocha, madres de mujeres asesinadas que ahora están a cargo de sus nietos.
"Estamos aquí las compañeras y parte del colectivo para exigir los apoyos de nuestros nietos más que nada. Qué triste ver que es Día del Niño y en lugar de estar festejando, estamos aquí exigiendo los derechos que les corresponde", expresó Cristela Soto, madre de Daysi Viridiana Martínez Soto, víctima de feminicidio.
Por su parte, Rosa María Rocha, madre de Milagros Cigarroa Rocha, señaló que la última vez que recibieron el recurso fue en diciembre del año pasado. "Hasta ahorita no hemos recibido respuesta favorable. Dicen que ya mero, ya mañana, ya la próxima semana, y así nos están llevando".
Según denunciaron, las autoridades estatales argumentan que el retraso se debe a que aún no se firma el decreto que avala la entrega de los apoyos. No obstante, las manifestantes reclamaron que dicho decreto se elaboró sin su participación, a pesar de que en otras entidades-incluido el propio estado de Coahuila- se han establecido precedentes de creación legislativa en conjunto con víctimas y colectivos.
Durante la protesta, una de las asistentes también acusó malos tratos e ineficiencia por parte del personal de PRONNIF, lo que, dijo, desmotiva a las familias a continuar con los procesos legales y de denuncia.
Al lugar acudió Estrella Cardona, titular regional de PRONNIF, para dialogar con las manifestantes; sin embargo, al no presentar una solución concreta, el bloqueo se mantuvo.
Fue hasta que el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, se comunicó vía telefónica con el colectivo y se comprometió a entregar los apoyos el próximo martes, cuando las manifestantes levantaron el cierre.
