En un paso crucial hacia la declaración de una nueva Área Natural Protegida (ANP), el investigador Francisco Valdés Perezgasga, miembro del Pro de Nazas A.C., reveló que diez ejidos han rechazado la medida de protección propuesta por las autoridades federales. Esta decisión, que ha generado preocupación entre los defensores de la conservación ambiental, se basa en la falta de información y en el resentimiento acumulado por promesas incumplidas.
Desde la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, el investigador Miguel Ángel Garza Martínez había advertido previamente que el estudio justificativo para la creación de la ANP debía ser socializado y presentado a la consideración de los 42 núcleos agrarios afectados. Esta medida, diseñada para prevenir expresiones de inconformidad, no ha sido suficiente para evitar el rechazo de algunas comunidades, que, en su mayoría, según Valdés Perezgasga, se basa en la desinformación.
El investigador y catedrático universitario destacó que la regulación propuesta no prohíbe actividades económicas ya existentes, como la agricultura, la ganadería y la minería. Sin embargo, establecería criterios para nuevos emprendimientos. A pesar de esto, la mayoría de las comunidades ya operaban bajo el esquema de áreas naturales protegidas, con excepción de las pertenecientes a Cuencamé y Nazas.
Valdés Perezgasga lamentó que el decreto federal, programado para el 12 y 13 de diciembre, no se haya emitido debido al voto en contra de comunidades que, en su mayoría, lo hicieron por desconocimiento o como represalia por promesas incumplidas. Algunas comunidades, según declaró, temen que la medida restrinja sus actividades productivas, una creencia que calificó como falsa.
En palabras de Valdés Perezgasga: "Y en otros ejidos era porque: Como el gobierno no nos ha respondido con lo que nos prometió con Agua Saludable, pues ahora nos vamos a desquitar diciendo que no al área natural protegida y yo creo que están mal en ambos casos".
El investigador aclaró que la actividad económica dentro de la zona protegida no afectaría el uso ni la tenencia de la tierra. Además, señaló que las comunidades tendrían acceso a subvenciones adicionales del gobierno federal, ampliando sus oportunidades de ingreso y productividad.
Ante el rechazo de algunas comunidades, Valdés Perezgasga indicó que el siguiente paso es un retraso en la emisión del decreto. Sin embargo, los miembros de Prodenazas y otros interesados en la creación de la ANP se han ofrecido para colaborar con el gobierno federal en la tarea de convencer a las comunidades y explicarles los beneficios de la medida.
A pesar de estos desafíos, es fundamental recordar la importancia de la conservación de espacios naturales como el Cañón de Fernández y la Sierra del Sarnoso. La sobreexplotación de recursos forestales, minerales e hídricos, junto con la amenaza de la industria extractiva y productores agropecuarios, ha motivado la lucha sostenida durante muchos años para preservar estos ecosistemas.
Solo mediante la colaboración y un plan de manejo sustentable, junto con una administración honesta, se podrán mantener los beneficios ambientales de estos espacios y garantizar su legado a las próximas generaciones. La creación de la nueva Área Natural Protegida se presenta como un paso fundamental en esta dirección, pero la superación de los desafíos actuales requerirá un esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas.
Amnistía Internacional advirtió este lunes que las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y la Guardia Nacional persistieron en México en 2024, a la vez que mostró una "enorme preocupación" por la crisis de personas desaparecidas en el país norteamericano, según su informe "La situación de los Derechos Humanos en el Mundo"
"Las desapariciones fueron una enorme preocupación, pero hay inquietud de que el gobierno ha minimizado la escala del problema", aseguró el reporte.
En 2024, según datos oficiales, se contabilizaron más de 13.000 personas desparecidas en México y la cifra total desde la década de 1960, cuando comenzaron los registros, supera los 120.000.
En este sentido, el informe de AI subrayó "las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil de que el gobierno estaba tratando de negar la crisis y rebajar el número oficial de desaparecidos"
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en marzo pasado reformas para usar "toda la fuerza del Estado" ante las protestas por las desapariciones, tras el hallazgo de un campo vinculado al narcotráfico en Jalisco, estado del occidente del país, y donde activistas han denunciado que presuntamente se desaparecía a personas.
Entre las medidas, la mandataria destacó la creación de la "base única de información forense" con datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva "plataforma federal de identificación humana".
Riegos para periodistas y defensores del medioambiente
Por otro lado, Amnistía Internacional remarcó que "las detenciones arbitrarias continuaron sin disminuir y la independencia judicial fue amenazada por enmiendas constitucionales".
El reporte también recordó que "en los 17 años desde que empezó la labor del Ejército mexicano en operaciones de seguridad pública, el número de desapariciones y asesinatos continuó aumentando".
"Las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares y la Guardia Nacional continuaron, incluidas posibles ejecuciones extrajudicales, la impunidad persistió", aseveró AI.
Así mismo, la organización no gubernamental indicó que en México los "defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas se encuentran en riesgo de criminalizacion, uso excesivo de la fuerza, violencia y la muerte"
En concreto, el informe remarcó que cuatro periodistas y nueve defensores del medioambiente habían sido asesinados en relación con su trabajo durante el pasado año en México, lo que convirtió al país "en uno de los más peligrosos del mundo" para realizar estas actividades.
Por último, el informe alertó que la elección presidencial de 2024 en la que obtuvo la victoria Sheinbaum, quien sucedió al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fue la "más violenta" en la historia de México con 41 candidatos asesinados.
Policías de Torreón, al filo de las 7 de la mañana bloquearon el boulevard Raúl López Sánchez para exigir la destitución del director de la corporación, César Perales Esparza y de los jefes policiales operativos. Los elementos a través de un comunicado informaron que a partir de las primeras horas de este lunes iniciaron paro de labores.
Los empleados municipales denunciaron abuso de autoridad, malos tratos, extorsión y amenaza incluso en contra de sus familias. Por lo que solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de Coahuila y del Gobierno Federal.
Ante el pronunciamiento de que no laboran alrededor de 900 efectivos hasta que sea atendida su petición, la Fiscalía General del Estado informó que se giraron indicaciones para que la Policía Estatal y el Grupo de Reacción a cargo del estado patrullarán la ciudad.
Con respecto a la manifestación de Policías pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, el Ayuntamiento lanzó un comunicado de prensa en el que dio a conocer que son alrededor de 60 elementos los que realizan el paro de labores, aunque se ha difundido a través de distintos medios de comunicación que son por lo menos 250 agentes los que participan.
El comunicado señala que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) cuenta con más de 700 policías activos que continúan a cargo de las tareas de vigilancia en toda la ciudad, con el objetivo de evitar cualquier inconveniente para la población.
Agrega que el alcalde Román Alberto Cepeda instruyó "la apertura al diálogo permanente, con el objetivo de atender cada una de las inquietudes manifestadas por este grupo de 60 policías municipales y alcanzar acuerdos que permitan garantizar las mejores condiciones laborales y el adecuado desempeño de sus funciones en coordinación con los tres órdenes de gobierno".
Además, señala que para asegurar la integridad y seguridad de la ciudadanía y de todos los involucrados, se reforzaron las labores de vigilancia con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyos elementos ya se encuentran en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
