El gobierno de México dio a conocer un acuerdo de colaboración entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) publicado en el Diario Oficial de la Federación
El mecanismo de colaboración establecido entre Cofepris y IMPI tiene como objetivo principal agilizar y eficientar las solicitudes de registro sanitario de medicamentos. Al intercambiar información sobre patentes vigentes, se evita la infracción de estas durante el proceso de autorización, lo que permite que los medicamentos lleguen al mercado de manera oportuna. Esto no solo reduce los tiempos de espera, sino que también asegura un proceso más transparente y eficiente.
Entre las disposiciones clave del acuerdo se encuentra la publicación semestral por parte del IMPI de un listado de patentes vigentes aplicables a medicamentos alopáticos y biotecnológicos. Además, Cofepris podrá solicitar información sobre la vigencia y alcance de patentes antes de otorgar registros sanitarios, lo que garantiza que se respeten los derechos de los titulares de patentes.
El acuerdo también incluye un formato de oposición de tercera persona (FOT), que permite a los titulares de patentes manifestar posibles afectaciones ante registros sanitarios en trámite
México requiere diariamente 5 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, mil 825 millones al año, para atender y proteger a 93 millones de derechos habientes en los sistemas de salud, sin embargo a la fecha solo se adquiere el 85%.
En los últimos años, el número de piezas que adquiridas por el gobierno federal se ha reducido ya que mientras en 2018 se compraban mil 800 millones de piezas por las que se pagaban 72 mil millones de pesos, el año anterior solo se adquirieron mil 500 5 millones de piezas, que costaron 112 mil millones de pesos.
Esto responde a que el precio de los medicamentos e insumos médicos se ha incrementado, ya que el precio promedio de un medicamento pasó de 38.53 pesos en 2018 a 71.18 pesos, es decir prácticamente se ha duplicado; este aumento ha propiciado que ante una mayor demanda se gaste más, se compre menos, y con ello que avance en desabasto.
Debido a que los efectos de la tormenta tropical "Dalila" generan oleaje elevado, fuertes corrientes y marejadas, la Unidad Estatal de Protección Civil exhortó a la población a no aproximarse este domingo a las playas de la entidad, ni entrar al mar para evitar riesgos.
La unidad de Proteccion Civil Tecomán informó que la playa de Boca de Pascuales se encuentra cerrada por los efectos de la tormenta tropical.
Precisó que en total fueron evacuadas 85 personas de la comunidad, algunos a domicilios con familiares y otros en un refugio temporal que se habilitó en la comunidad.
Protección Civil estatal recuerda a la población que el efecto de "mar de fondo" continuará durante este domingo, aún sin la presencia de lluvias, por lo que hizo un llamado a no exponer su vida ni la de terceras personas.
Personal de Protección Civil Estatal Colima, con el apoyo de las unidades municipales de Protección Civil de Armería, Tecomán y Manzanillo, así como dependencias del Gobierno de México, las secretarías de Marina y Defensa, continúan con la vigilancia y apoyo en la franja costera de la entidad.
Guardavidas de Protección Civil realizan recorridos por las diferentes playas de Armería, Tecomán y Manzanillo, para proteger a quienes se encuentran en los diversos balnearios, exhortándoles a resguardarse en lugares seguros y sobre todo, no ingresar a las aguas marinas.
El caso de Danna, una menor de 13 años víctima de violación, cuya denuncia derivó en la liberación del presunto agresor el pasado 9 de junio, desató una ola de indignación. Pero no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con colectivos feministas, el juez Margarito Galaviz ha estado involucrado en al menos tres casos similares en los que los agresores quedaron en libertad.
"Actualmente hay tres casos documentados. Con Fabiola es el tercero, donde el juez Margarito Galaviz está implicado y los agresores han quedado en libertad. Aparentemente, para estos jueces son más importantes los derechos de los violadores que los de las víctimas." denunció María, integrante del colectivo Víboras del Desierto.
Consejo de la Judicatura promete investigar
Ante la denuncia pública, la Comisión de Disciplina del Poder Judicial del Estado ha tomado conocimiento del caso y se comprometió a iniciar el análisis del expediente.
"Comprometí mi palabra con ellas de que podemos llevarnos el expediente para analizarlo. Si existen los indicios para iniciar una investigación, lo haremos. También debemos garantizar a los jueces su derecho a defenderse. Si logramos acreditar alguna responsabilidad administrativa, podría aplicarse una sanción, que incluso podría llegar a la destitución o derivar en consecuencias penales", dijo el consejero Miguel Ángel Quiñonez, presidente de la Comisión.
Añadió que las investigaciones pueden realizarse de oficio o mediante quejas formales presentadas por ciudadanos. En el Palacio de Justicia hay una oficina del Consejo de la Judicatura para recibir estas denuncias.
"Tengan la confianza de que en su momento el Consejo está en la mejor disposición de hacer su trabajo, porque su trabajo no es de que le estemos haciendo el favor a alguien. Eso es lo que la ley nos pone, lo tenemos que cumplir porque entonces nos van a pedir cuentas a nosotros", enfatizó Quiñonez.
Otros jueces también están en la mira
Además del juez Galaviz, el colectivo y Fabiola Sifuentes, madre de Danna, señalaron a otros dos jueces: Cecilia Fernández y Julio Silva. Aseguran que su actuar también ha sido permisivo en casos de agresión sexual.
Los colectivos anunciaron que, además de dar seguimiento a los jueces señalados, también estarán vigilantes del actuar del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, en busca de transparencia y justicia efectiva.
La falta de respuesta de las autoridades y el hartazgo ante la violencia sexual han encendido la indignación de colectivos feministas en Gómez Palacio. Durante tres días, las instalaciones del Palacio de Justicia fueron tomadas en protesta tras la liberación de un hombre acusado de violar a una menor de 13 años.
"Pido la destitución de los jueces que vienen siendo Cecilia Fernández, Margarito Galaviz, Julio Silva, ya que fueron las personas que dejaron en libertad al violador de mi niña", dijo Fabiola Sifuentes, madre de Danna
Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando Danna, de 13 años, comenzó a trabajar en el restaurante "Los Tres Carnales", propiedad de Alejandro N., primo de Fabiola. Danna buscaba ayudar a la economía familiar, a pesar de la inicial reticencia de su madre. Sin embargo, el mismo día que inició sus labores, el 2 de mayo, Fabiola denuncia que su hija fue drogada y violada por Alejandro "N".
"Las pruebas están por peritos, por médico legista de que mi niña fue abusada y los jueces corruptos dicen que es mentira que la niña está mintiendo", dijo.
La madre de Danna relata que el Juez del ejido Los Ángeles, Salvador (hermano del acusado Alejandro N.), la advirtió sobre la inminente liberación del presunto agresor. Fabiola, argumentando influencias políticas.
"Me dijo que viera los últimos días de sol aquí donde estaba porque ya tenía arreglado los jueces y ya que Susy Torrecillas, ganara la elección iba a salir su hermano y a mí me iba a meter al Cereso".
Ocho días después de las elecciones en las que Torrecillas resultó ganadora de los comicios municipales del pasado 1 de junio, los tres jueces determinaron que no había elementos suficientes para procesar a Alejandro "N" y lo absolvieron, dejándolo en libertad.
"Usted dice que hay formas ¿Cuáles son las formas? ¿Denunció?, denunció, ¿Llevó el proceso? Llevó el proceso, ¿los médicos determinaron que ella fue penetrada anal y vaginalmente?, lo determinaron. Ya anda buscando apelar la audiencia del lunes. ¿Qué otra forma quiere usted que hagamos?", dijo Betsi, activista del colectivo "Mujeres que Luchan por Mujeres", una vez que Miguel Ángel Quiñones, integrante de la Comisión Disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, se acercara a dialogar con ellas en el segundo día de cierre del Palacio.
Por su parte, Sandra Sierra, también activista, increpó: "Ustedes permitieron que un violador esté en la calle aparte no generaron ningún tema para la no repetición del delito".
Hoy las instalaciones del Palacio de Justicia no contaron con la presencia de los colectivos. Sin embargo está programada una nueva audiencia para el lunes, donde los tres jueces leerán la sentencia absolutoria a Alejandro "N". Las colectivas feministas ya se están organizando para realizar nuevas protestas.