La crisis de personas desaparecidas en México no se ha resuelto en parte porque a pesar de que existe un protocolo homologado de búsqueda, lo que falta es verdadera coordinación entre las autoridades de todos los niveles y de los tres poderes de la unión.
Las búsquedas se hacen de manera desarticulada y las autoridades responsables prefieren dejarle esa labor a colectivos y a las propias familias.
La Alerta Amber es una estrategia conjunta para buscar a niñas, niños y adolescentes, pero la búsqueda de personas adultas está menos organizada en México.
La Ley general en materia de desaparición reconoce dos perfiles: las personas desaparecidas y las personas no localizadas.
Una persona desaparecida es aquella de la que no se sabe donde está y que podría ser víctima de un delito y es obligación de las autoridades buscarla desde el momento mismo en que se enteran de su ausencia.
Las personas desaparecidas pueden ser menores o mayores de edad, hombres, mujeres o de otra identidad sexo genérica.
Las personas no localizadas, siempre son hombres mayores de edad que no se sabe donde están, pero no hay indicios de que puedan ser víctimas de un delito y por tanto no obliga a las autoridades a iniciar investigaciones ni búsquedas.
Hasta ahora, sólo el estado de Guerrero cuenta formalmente con la alerta violeta, específica para la búsqueda de mujeres.
En el resto del país existen alertas violeta, que operan para casos de violencia en razón de género que puede incluir o no casos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.
La reacción debe ser inmediata.
Héctor Cerezo Contreras, Coordinador del programa de desaparición del Comité Cerezo dijo que hay varias cosas que hay que hacer casi al mismo tiempo; uno efectivamente ir a la fiscalía, sobre todo la fiscalía especializada en delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, actualmente en la mayoría de los estados de la república hay esas fiscalías especializadas, segundo, si tenemos la sospecha que participaron autoridades federales, nos corresponde la FGR.
María Eugenia Arriaga Salomón, coordinadora de comunicación del centro para los derechos humanos Fray Juan de Larios dijo que siempre les decimos que tienen que poner la denuncia en la fiscalía y también a la comisión de búsqueda, la comisión estatal de búsqueda, porque ciertamente hay un enlace, en la página de internet puedes encontrar la comisión nacional de búsqueda, pero los de la comisión nacional te van a mandar al estado a donde haya desaparecido la persona.
Y aunque todas las personas merecen ser buscadas, en el caso de que la víctima sea defensora de derechos humanos o periodista, al protocolo homologado de búsqueda se deben sumar los protocolos específicos de la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de desaparición del Comité Cerezo dijo que también tiene que activarse un protocolo más específico, porque si se sospecha que por su condición o su labor de defensa de derechos humanos o de libertad de expresión fue víctima de desaparición forzada, en teoría tendría que acelerarse mucho más.
Con información de Andrés Solis
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
Casa Puente atiende a menores trabajadores en situación de calle en Torreón.
UNICEF estima que 100 millones de niños y niñas viven en situación de calle en el mundo. De ellos, 40 millones se encuentran en América Latina. En Torreón, el DIF Municipal atiende actualmente a 53 menores a través del programa Casa Puente.
UNICEF clasifica a estos menores en dos grupos. Los niños y niñas en la calle mantienen vínculos con sus familias y trabajan en espacios públicos, como cruceros y plazas. Representan aproximadamente el 75% de los casos. En cambio, los niños de la calle han perdido contacto con sus familias y viven sin hogar por abandono o por decisión propia.
En entrevista, Giovanni Gómez, titular de la Dirección de Intervención Familiar del DIF Torreón, explicó cómo funciona el programa:
"Atendemos a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo, por ejemplo, los que por alguna razón estaban trabajando en la calle, en los cruceros. Empezamos a hablar con ellos, contactamos a los papás y los ingresamos a Casa Puente".
El programa brinda atención médica, psicológica, alimentación y clases artísticas. También busca reincorporar a los menores al sistema educativo.
"En Casa Puente lo que hacemos es que les damos atención psicológica, hay revisión médica, por supuesto alimentación, hacemos una regularización en aquellas áreas donde no estén tan bien. Aparte, tenemos clases artísticas", detalló Gómez.
Estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) indican que 4 de cada 10 niños en situación de calle caen en adicciones o en la delincuencia. Su esperanza de vida se reduce a entre 22 y 25 años.
Casa Puente ofrece atención por un máximo de seis meses debido a su capacidad limitada. Sin embargo, si un menor necesita regresar, puede hacerlo.
El Fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez y el alcalde Román Alberto Cepeda la mañana de este martes 29 de abril, presentaron de manera oficial a Alfredo Flores Originales como nuevo director de Seguridad Pública y de Andrés Antonio Torres Padilla como Comandante del Grupo de Reacción Torreón (GRT).
Los nombramiento se llevaron a cabo por la destitución de Cesar Perales como Director de Seguridad Pública, principales exigencia del paro de labores que llevaron a cabo este lunes, elementos policiacos. Los nuevos nombramientos serán ratificados en la próxima sesión de cabildo, destacó el alcalde de Torreón.
También se anunció que habrá una serie de cambios en la parte administrativa y jurídica de la policía. Así como el inició de los procesos administrativos para la entrega-recepción de la corporación policiaca, que tiene que ver con el equipamiento, el C-2, armamento y parque vehicular. "Lo que inicia una nueva etapa para el cumplimiento de las metas de seguridad" externó el edil municipal.
