La Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR), llevó a cabo un notable decomiso de marihuana en el Puerto de Veracruz, asegurando 722 kilos 719 gramos de esta sustancia
Este decomiso se produjo durante una operación en la Aduana Marítima, donde se inspeccionaron mercancías destinadas a la exportación hacia la República Dominicana, provenientes de Yucatán. La intervención fue posible gracias a un alertamiento previo por parte de la Aduana, que llevó a los agentes a realizar una revisión exhaustiva.
Durante la inspección, los elementos de la FGR, apoyados por binomios caninos, encontraron 24 muebles metálicos rectangulares que contenían 358 paquetes envueltos con cinta canela. Estos paquetes fueron analizados y confirmados como marihuana.
Ante este descubrimiento, el Ministerio Público Federal (MPF) abrió una carpeta de investigación por el delito contra la salud, buscando identificar y procesar a los responsables del intento de tráfico
Este incidente no es aislado; es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico. En días recientes, también se reportó otro decomiso significativo en el mismo puerto, donde se aseguraron más de tres toneladas de marihuana ocultas en mercancías similares. Este cargamento estaba destinado a ser enviado a la misma nación caribeña. La suma total de marihuana asegurada en estas operaciones asciende a más de cuatro toneladas en un corto periodo.
Cuando las autoridades mexicanas incautan drogas, como metanfetaminas, fentanilo o cocaína, se siguen protocolos específicos para manejar estas sustancias. En general, una vez que se realiza la incautación, la droga es almacenada en instalaciones seguras bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes. Esto asegura que las evidencias se mantengan intactas para su uso en procesos legales.
La destrucción de la marihuana se hace en instalaciones adecuadas, como hornos pirolíticos, que cumplen con normativas ambientales para evitar daños al medio ambiente. La destrucción se lleva a cabo en presencia de funcionarios judiciales y testigos, quienes firman un acta que certifica la eliminación del alijo