Menores de edad cada vez más violentos

Aumentan los adolescentes procesados por delitos de alto impacto. Homicidio, portación de armas, narcomenudeo.

Una parte de la población cree que el sistema de justicia para menores no funciona porque no los castiga severamente.

Sofía Cobo Téllez, catedrática e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señala, "cuando un adolescente comete un delito que llama la atención todo mundo lo condena, todo mundo quiere casi que le den cadena perpetua, que lo juzguen como adulto".

Pero el sistema considera que los adolescentes están en una etapa de desarrollo que no ha terminado y cuando delinquen el objetivo es rescatarlos.

Así lo establece la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes de 2016, con los principios de interés superior del adolescente, protección integral de derechos, especialización de los operadores y un fin socioeducativo.

Alejandro Palacios García, fiscal de justicia penal para adolescentes en la FGJCDMX, explica, "es un sistema sumamente complejo porque pareciera que deja de lado a la víctima pero no es así, al momento en que un adolescente se le saca de la posibilidad de cometer alguna conducta ilícita por segunda vez ya no solo estamos beneficiando a la víctima, sino a la sociedad".

Las sanciones deben integrarse por tareas educativas, capacitación para el trabajo, recuperación de la salud, cultura y deporte.

Sólo se priva de la libertad en delitos "graves", como homicidio, secuestro o violación.

Hasta 3 años al grupo de 14 a 16 años de edad y hasta 5 al de 16 a 18 años. Internamiento acompañado de un programa para la reintegración.

Pese al objetivo, 6% de los internados no recibe terapia psicológica, 10% no estudia, 34% no es capacitado para el trabajo y 43% no acude a talleres culturales y 32% ha sido víctima de un delito en los centros de internamiento.

Por estas fallas expertos piden revisar la ley para garantizar la rehabilitación y ante el aumento de menores homicidas proponen revisar si tienen capacidad de querer y entender.

Ignacio Morales Lechuga, abogado, diplomático y exprocurador general de la República, explica, "la capacidad de querer y entender sería determinada por especialistas y que como en otros países en cada caso se podría analizar si debía ser llevado a un tribunal como adulto o quedarse en el marco de los menores. Ese límite invisible entre la minoría y los 18 años favorece de algún modo que el tratamiento se termine, que no se concluya, no se sepa si realmente se rehabilita al menor".