Niegan amparo al empresario Kamel Nacif
Kamel Nacif tiene una orden de aprehensión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, ocurrido en diciembre de 2005.
Recientemente un tribunal federal con sede en Cancún, Quintana Roo, negó la protección de la justicia federal al empresario textilero, quien buscaba dejar sin efecto una orden de aprehensión que existe en su contra.
En diciembre de 2020, un juez liberó una nueva orden de detención en contra del también llamado "el rey de la mezclilla", quien se encuentra prófugo, y del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue detenido en febrero pasado y enfrenta un proceso.
"El magistrado federal negó el amparo al particular ya que no se advierten, hasta esta etapa procesal, que se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales", informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal respecto a la petición del empresario.
En 2005, la periodista publicó el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, en el cual puso al descubierto la protección que Mario Marín recibía de políticos y empresarios, como Jean Succar Kuri.
Meses después de su publicación, el 16 de diciembre, Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial de Puebla, acusada de los delitos de difamación y calumnia. La periodista acusó que durante su detención y traslado de Cancún a una cárcel de Puebla fue víctima por parte de las autoridades.
El 14 de febrero de 2006 fueron difundidas grabaciones telefónicas entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, en las que Marín expresó que "ya le había puesto un "pinchi coscorrón" a Cacho porque en Puebla se respeta la ley", por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la investigación por el delito de tortura.
El Rey de la Mezclilla fue detenido por autoridades de esa nación y llevado ante un juez por el delito que se le imputa en México, pero tras pagar una fianza logró quedar en libertad mientras se desarrolla el proceso.
Será enjuiciado en Líbano por el delito de tortura con base en sus leyes, y allá tendrán que litigar los representantes del gobierno mexicano, debido a que no hay tratado de extradición con esa nación.