Tribunal ordena al Ejército no destruir documentos del caso Ayotzinapa
El Ejército mexicano no debe "destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información" que posee sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias de ese crimen ocurrido el 26 de septiembre de 2014, así lo determinó un Tribunal federal, quien concedió una suspensión provisional en favor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, debido a que lograron una suspensión en un Juicio de Amparo contra la cadena de mando de inteligencia de la Sedena.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, determinó que todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano participaron en la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, hace ya casi nueve años. Destacaron que elementos de la Sedena, habrían conocido minuto a minuto lo que les estaba pasando a los jóvenes.
Los tres magistrados integrantes del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México determinaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe preservar los datos que están en su poder, y que no han sido proporcionados por esa dependencia a las autoridades que investigan la desaparición de los estudiantes, apunta el fallo cuya copia posee ALTO NIVEL.
Al conceder la suspensión provisional solicitada en un Juicio de Amparo promovido por los progenitores de los normalistas, el Tribunal Colegiado advirtió que "los actos reclamados se encuentran inmersos en un procedimiento de búsqueda de la verdad histórica respecto de eventos que podrían significar violación grave de derechos fundamentales".
La justicia federal le da la razón a los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes reclaman en su demanda de amparo que la Sedena se ha negado a entregar toda la información generada por esa dependencia durante el año 2014, tal y como lo denunció en su último informe, el pasado 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los familiares de los 43 argumentan que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, así como los funcionarios a cargo del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, Guerrero, y la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, han negado, de manera reiterada, la entrega de al menos 8 reportes sobre lo sucedido con los normalistas.
Esas omisiones de parte del Ejército trasgreden el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 4 de diciembre de 2018, con el que el mandatario ordenó que todas las instituciones del gobierno federal debían colaborar para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, determinó que todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano participaron en los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas, destacándose de manera central la presencia de elementos de la Sedena, quienes habrían sabido minuto a minuto lo que les estaba pasando a los jóvenes.
En su sexto y último informe, los expertos determinaron que el Ejército mexicano ha mentido en varias ocasiones, se ha negado a entregar información y ha ocultado que cuenta con instalaciones no institucionalizadas en el estado de Guerrero, en las que se realizan trabajos de inteligencia, y cuyos integrantes están involucrados en este caso.
Los padres de los 43 normalistas piden en su demanda de amparo que se ordene a la Sedena preservar la información que no entregó al GIEI, y que tampoco ha proporcionado a la Fiscalía General de la República, ni a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, instancia que dirige el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.
Debido a que la información que posee la Sedena forma parte del derecho humano a la verdad que tienen los padres, como víctimas indirectas de la desaparición de sus hijos, el Tribunal Colegiado otorgó la suspensión a favor de los progenitores de los normalistas, y revocó la negativa que previamente había emitido un Juzgado de Distrito.
