Por el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lydia Cacho, el exgobernador de Puebla Mario Marín, reingresó a un penal del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, después de un cambio de medidas cautelares por riesgo de fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía especial en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria, que permitía a Marín seguir el proceso en su contra desde su casa.
El Tribunal Colegiado de apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, evocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una jueza penal.
Agentes de la Guardia Nacional (GN), dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), "cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal".
"El gober precioso" de 70 años, estaba en prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024.
Organizaciones por la defensa de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y los derechos humanos, como Artículo 19 y Cimac, condenaron la liberación de Mario Marín y la medida de arresto domiciliario y advirtieron que se trata de un patrón revictimizante que perpetúa la impunidad para las víctimas.
Fue la FEMDH, a través de la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), la que impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho.