Un tribunal de Nueva York sentenció a 120 años de prisión a Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, que convertía a mujeres en esclavas sexuales. En su momento la detención de este supuesto gurú emocional generó enorme indignación. La secta cruzó fronteras, incluso hubo mexicanos involucrados, entre ellos hijos de expresidentes. .
Las víctimas vivieron un calvario. La historia tomó un giro oscuro cuando en 1998 este sujeto formó una secta, este supuesto gurú motivacional, ahora de 59 años, impartía talleres por los que cobraba más de cien mil pesos. ¿Qué pretendía? según él, empoderar a las mujeres y erradicar las debilidades del programa de estudios, pero al final, eran forzadas a realizar tareas domésticas y sexuales. Debían estar disponibles para él día y noche y, eran marcadas con un cautín ardiendo con las iniciales kr, en honor de su mentor.
Si desobedecían, las víctimas eran extorsionadas y amenazadas. La secta surgió como una organización motivacional en Nueva York.
El "gran maestro" ofrecía sus enseñanzas de autoayuda con su programa de éxito ejecutivo, ESP por sus siglas en inglés.
A través de este esquema reclutó algunas de sus esclavas sexuales.
De acuerdo con The New York Times, en esta comunidad estarían involucrados mexicanos.
En la lista aparecen Emiliano y Cecilia Salinas Ocelli, así como Ana Cristina Fox, hijos de los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox, respectivamente.
También figura Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco, fundador del diario Reforma.
Supuestamente Rosa Laura compró una casa en Nueva York...
Ahí realizaban ritos de iniciación de la secta. Otra mexicana involucrada es Loreta Garza Dávila, empresaria de Monterrey, Nuevo León.
Sus hermanas Carola y Jimena, también han sido acusadas de complicidad.
Emiliano Salinas dirigió ESP, filial mexicana de NXIVM, con un costo de 60 mil pesos por persona, impartía cursos de autoayuda.
Al menos ocho mil personas pasaron por los talleres. Pero tras conocer las "atrocidades" que la secta cometía, abandonó la organización.
Los fiscales de Estados Unidos lo han señalado como "coconspirador" de la estructura, pero no se le ha imputado ningún cargo ni requerido en tribunales.
En México no existe una investigación sobre las operaciones de la firma.
Raniere fue detenido el 27 de marzo de 2018 en puerto Vallarta, Jalisco. De inmediato fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua.
Es acusado de tráfico sexual, esclavitud, trabajo forzado y lavado de dinero, entre otros. El sujeto negó todos los cargos y asegura que sus relaciones eran consensuadas.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
Veracruz, Ver.- Este jueves 1 de mayo de 2025, el clima en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín estará dominado por un ambiente caluroso y húmedo. Desde temprano se percibe una bruma matutina y cielo parcialmente nublado, condiciones típicas de esta temporada de transición hacia el verano.
Las autoridades meteorológicas prevén una temperatura máxima de 33?°C y una mínima de 25?°C, con una sensación térmica que podría superar los 36?°C. Esto se debe a la elevada humedad en la región, que incrementa el efecto del calor, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.
Los vientos del este-sureste estarán soplando a velocidades de entre 15 y 30 km/h, lo cual podría mitigar en parte el bochorno. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, no se descarta la formación de nubosidad o lluvias aisladas durante la tarde o noche, en particular en zonas costeras o urbanas densas.
Protección Civil recomienda a la población evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m., mantenerse bien hidratada, usar ropa ligera y aplicar protector solar. Se exhorta a seguir atentos a los cambios en el clima a lo largo del día.
Cazones de Herrera, Veracruz.- Un presunto enfrentamiento armado registrado la mañana de este martes en la comunidad de Cruz Blanca, al norte del estado, dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas un elemento de la Policía Municipal y un productor de plátanos. El hecho ha generado una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y una condena pública por parte de las autoridades locales.
Según informes preliminares, el ataque habría estado dirigido contra Amadeo Hernández, reconocido productor agrícola de la zona, quien perdió la vida junto con su hijo y su hermano. Durante el ataque también falleció un jornalero que se encontraba en el lugar, así como el policía municipal José Luis Santes García, quien respondía al ataque en cumplimiento de su deber.
Las personas fallecidas en este hecho violento fueron identificadas como:
Amadeo Hernández, de 45 años, productor de plátanos.
Bartolo Hernández, de 25 años, hijo de Amadeo.
Lorenzo Hernández, hermano del productor.
Cupertino, jornalero de 50 años.
José Luis Santes García, policía municipal.
Además, al menos dos personas más resultaron lesionadas, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni su estado de salud.
Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables, sin que se hayan reportado detenciones hasta el momento. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque, que podría estar vinculado con conflictos locales o actividades delictivas en la región.
El Ayuntamiento de Cazones de Herrera expresó públicamente su pesar por el asesinato del oficial José Luis Santes García, quien murió durante la agresión. En un mensaje difundido en redes sociales, la administración municipal lamentó el hecho y ofreció sus condolencias a la familia del agente:
"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del elemento de la Policía Municipal Juan Luis Santes García, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber la mañana de este día. Como administración municipal, condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida de quienes tienen la noble encomienda de servir y proteger a nuestra ciudadanía", expresó el ayuntamiento.
Este nuevo hecho violento ocurre en un contexto de creciente inseguridad en la región norte de Veracruz. El municipio de Cazones ha sido escenario de diversos incidentes en los últimos meses, lo que ha encendido las alarmas entre la población. Apenas en marzo de 2024, cuerpos desmembrados fueron abandonados frente al Palacio Municipal, generando pánico e incertidumbre entre los habitantes.
