El Senado de la República recibió la noche del jueves la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Comisión Nacional Antimonopolio, un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Economía, que sustituirá a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
El propósito central de esta propuesta de acuerdo a la exposición de motivos es devolver al Estado la capacidad de regular la actividad económica y enfrentar los abusos del poder corporativo, tras décadas en las que el modelo neoliberal relegó al gobierno a un papel secundario y permitió la concentración de riqueza y poder en manos de unos cuantos.
La presidencia sostiene que por primera vez se establecerá una verdadera autoridad antimonopolio que beneficiará directamente a las familias mexicanas, al tiempo que permitirá cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de competencia económica.
La iniciativa plantea que la Comisión Nacional Antimonopolio contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión e independencia técnica, aunque ya no será un órgano autónomo, sino descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía
El proyecto de decreto, de 272 páginas, propone derogar y modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, eliminando toda referencia a la Cofece y transfiriendo sus funciones a la nueva comisión.
Entre sus atribuciones, la Comisión Nacional Antimonopolio podrá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en sectores estratégicos como telecomunicaciones y radiodifusión, con base en criterios como número de usuarios, audiencia, tráfico en redes o capacidad utilizada, datos que serán proporcionados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La nueva comisión estaría conformada por un pleno de cinco comisionados, quienes serán nombrados directamente por la persona titular del Ejecutivo federal y ratificados por el Senado por mayoría simple
El cargo de comisionado presidente tendrá una duración de tres años, prorrogable por una sola ocasión, y los demás comisionados durarán siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección. El Ejecutivo podrá remover a los comisionados por causas graves, con ratificación del Senado.
Una de las principales innovaciones es la separación entre la autoridad que investiga y la que sanciona, para garantizar imparcialidad en los procedimientos.
El perfil de los comisionados exige experiencia en materia económica, buena fama pública, no haber sido funcionario público en los tres años previos ni haber ocupado cargos directivos en empresas sujetas a procedimientos administrativos en los últimos cinco años.
Las sesiones del pleno serán públicas, aunque solo se publicará una versión estenográfica en el portal institucional
Las sanciones por prácticas monopólicas o concentración ilícita serán severas: multas de hasta 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 22 millones 628 mil pesos, por declaraciones falsas o entrega de información incorrecta a la Comisión.
Además, se podrá imponer una multa de hasta el 20% de los ingresos del agente económico por incurrir en prácticas monopólicas absolutas.
La iniciativa presidencial argumenta que la privatización masiva de empresas estatales durante el periodo neoliberal consolidó el dominio de grandes corporaciones en sectores clave, como telecomunicaciones, transporte y minería, lo que incrementó su influencia en el mercado y generó desigualdades sociales y económicas.
Según el texto, la creación de órganos constitucionales autónomos como la Cofece no logró frenar estos abusos y, en ocasiones, terminó protegiendo intereses privados en lugar de garantizar el bienestar general
La Comisión Nacional Antimonopolio se regirá por la Ley Federal de Competencia Económica y su estatuto orgánico, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales en lo no previsto por la primera.
El objetivo final, según la exposición de motivos, es combatir los monopolios con todo el peso del Estado para propiciar una economía más competitiva, donde las empresas ofrezcan mejores precios y calidad a los consumidores, y evitar que los intereses de grandes grupos de poder perjudiquen a la economía nacional.
