Zacatecas, Zac.- A tres meses del inicio de la construcción del viaducto elevado en el bulevar metropolitano, organizaciones ambientalistas y grupos de la sociedad civil han señalado la falta de un estudio de impacto ambiental que justifique la viabilidad del proyecto, así como la ausencia de permisos necesarios por parte de las autoridades competentes.
El ruido de las maquinarias, el polvo en el aire y las emisiones de gases de los vehículos detenidos en las obras son solo algunos de los impactos ambientales visibles que ya genera la controvertida obra. José Luis Espino Oropeza, presidente de la asociación Vigilancia Integral para la Defensa Ambiental A.C. (VIDA A.C.), advirtió que de continuar con la obra las afectaciones serán múltiples: "Las contaminaciones van a ser varias: la sonora, la visual, pero la más grave es la del oxígeno, por el acumulamiento de vehículos que producirán gases, al igual que las maquinarias".
Espino Oropeza también destacó que alternativas como una mejor educación vial y un sistema de transporte público más eficiente podrían mejorar la circulación en el bulevar metropolitano, propuestas en las que coinciden otros grupos que se han manifestado en contra del proyecto.
Sobrecosto y falta de transparencia
De acuerdo con documentos oficiales, el Gobierno del Estado destinó 3 mil 652 millones 536 mil 580 pesos para la construcción del viaducto elevado, que recorrerá 3.3 kilómetros sobre el bulevar. Esta cifra ha sido criticada por su elevado costo en comparación con proyectos similares, como el puente vehicular más grande de San Luis Potosí, que con una longitud de 1 kilómetro costará 291 millones de pesos, o la presa Milpillas en Zacatecas, que con una inversión de 8 mil millones de pesos abarcará 167 kilómetros.
Además, se ha denunciado que la obra carece de los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Ayuntamiento de Zacatecas y el Poder Legislativo. Rodolfo García Zamora, catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), subrayó: "No hay estudios, no hay autorizaciones. Tenemos el riesgo de que se nieguen a dar a conocer los estudios".
Riesgos ambientales y estructurales
La asociación Ciudadanía Participativa, que se ha opuesto al proyecto y presentado alternativas, alertó sobre los riesgos asociados a la perforación del suelo, como el daño a cables de alta tensión, la falta de estudios de mecánica de suelos, la presencia de mercurio acumulado por los jales que pasaban por la zona y el riesgo de afectar el gasoducto que pasa por el subsuelo del lugar.
Jorge Rada Luévano, abogado que presentó un amparo en contra de la obra afirmó: "La construcción del segundo piso no tiene ninguna autorización. Carece de un estudio de impacto ambiental, vial, económico y patrimonial".
Aunque la Secretaría de Obras Públicas se negó a emitir declaraciones al respecto, ingenieros del Grupo Hycsa, encargado de la construcción, aseguran que todos estos aspectos han sido contemplados y que no existe riesgo para el gasoducto, ya que la obra no coincide con su trayecto y cuenta con las protecciones necesarias para soportar incluso un sismo.
Obra suspendida temporalmente
Recientemente, los trabajos del viaducto fueron suspendidos tras una orden provisional emitida por una jueza tercera de distrito, quien atendió las demandas de ciudadanos preocupados por un posible daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad. La obra permanecerá detenida al menos hasta el 21 de abril, fecha en la que se llevará a cabo la primera audiencia para que el Gobierno del Estado presente los permisos correspondientes.
Mientras tanto, la polémica en torno al viaducto elevado continúa, con grupos civiles exigiendo transparencia y soluciones más sostenibles para la movilidad en la ciudad.