Buscan priorizar sectores vulnerables en políticas públicas ambientales

ZACATECAS,ZAC.- Dentro del Congreso del Estado de Zacatecas se propuso una iniciativa para establecer la obligación de la autoridad de tener siempre un enfoque de protección a la población en situación de vulnerabilidad cuando se dictan políticas públicas en materia ambiental.

Lo anterior en virtud de que las consecuencias del cambio climático se agudizan entre mujeres, niños, niñas, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, grupos de escasos recursos y población indígena, por lo cual modificación a la Ley de Cambio Climático propone también que en los programas municipales ambientales deberá incluirse la protección de los derechos de estos sectores, que son los más vulnerables ante los fenómenos derivados el cambio climático.

Dentro de la propuesta se establece que los Programas Municipales serán aprobados y, en su caso, revisados y actualizados al inicio de la gestión de la Administración Pública Municipal en los términos establecidos por la Estrategia Estatal, el Programa Estatal, y las disposiciones jurídicas aplicables, en los cuales se incluirá la protección a los derechos humanos la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables.

Como contexto, de los 58 municipios que forman parte del territorio cinco muestran mayor porcentaje de población en pobreza, como lo es Jiménez del Teul con 85.7 por ciento es decir 5 mil 560 personas viven en pobreza y 2 mil 334 viven en pobreza extrema, Genaro Codina con 82.5 por ciento es decir 7 mil 488 personas viven en pobreza y 2 mil 553 en pobreza extrema, continúa la lista con Genaro Panfilo Natera 79.3 por ciento es decir 20 mil 407 personas viven en pobreza y 3 mil 810 en pobreza extrema, Trancoso con 78.4 por ciento es decir 16 mil 32 personas viven en pobreza y 2 mil 988 en pobreza extrema, está lista finaliza con el municipio de El Salvador 78.2 por ciento es decir 2 mil 796 personas viven en pobreza y 712 en pobreza extrema.

En virtud de los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados no solo tienen la obligación de asegurar derechos procedimentales, como el acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia climática, sino que también deben adoptar y aplicar marcos jurídicos e institucionales para proteger a las personas de los daños ambientales que interfieran o puedan interferir en el disfrute de los derechos humanos.