Habitantes de la Colorada logran amparo judicial contra minera

ZACATECAS, ZAC Desde hace un asemana se cumplió el plazo final que los representantes legales de Pan American Silver dieron a los habitantes de las inmediaciones de la mina La Colorada, en Chalchihuites, para desalojar las viviendas provisionales que les fueron proporcionadas después de que la empresa destruyera sus hogares originales.

Alfonso Guerrero, uno de los afectados, informó que, pese al ultimátum, los residentes han interpuesto un amparo para permanecer en el lugar. Esto ocurrió después de que rechazaran la última oferta de la empresa minera, la cual incluía una compensación económica de aproximadamente 800 mil pesos por las propiedades destruidas, pero bajo la condición de que renunciaran a sus derechos agrarios. 

El aún habitante de esta comunidad detalló que actualmente son tres núcleos familiares, con entre 10 y 11 integrantes en total, quienes se mantienen en resistencia. A pesar de las adversidades, estas familias luchan por conservar sus derechos sobre la tierra y evitar el desalojo de las viviendas de multipanel que la minera les proporcionó tras destruir sus hogares originales, como consecuencia de las actividades de extracción en la zona.

Explicó que solo una familia aceptó la oferta de la empresa, sin percatarse de la cláusula que les obligaba a renunciar a sus derechos de propiedad. Por ello, las demás familias buscan obtener un amparo definitivo que les permita permanecer en las viviendas provisionales.

Además, Guerrero denunció que las familias son objeto de constante hostigamiento por parte del personal de seguridad de la empresa, que incluso ha cerrado los accesos para impedirles ingresar a sus viviendas y dificultarles la obtención de víveres.

"Ahorita nos tienen con una puerta, ellos nos dicen que no debemos estar ahí, que nos vayamos. ¿Pero cómo nos vamos a ir? Nomás porque ellos dicen", expresó.

Actualmente, las familias cuentan con un amparo provisional otorgado por un juez de distrito, lo que impide que la empresa los desaloje de manera inmediata. Sin embargo, la lucha legal y social continúa mientras buscan una solución definitiva que respete sus derechos.