Proponen no utilizar desechables dentro de la legislatura
Zacatecas,Zac.- Por considerar que el impacto de los objetos derivados del petróleo dentro del medio ambiente, resultan ser particularmente dañinos al ser materia no biodegradable o cuyo tiempo de desintegración equivale a cientos de años, fue que la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales sometió a la consideración de la Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que exhorta a las diferentes áreas de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, a prohibir la utilización de objetos de unicel.
Protección al Medio Ambiente
En busca de la prohibición de popotes plásticos y envases de unicel en los comercios de servicios de bebidas y alimentos, la diputada Susana Rodríguez Márquez expuso ante la Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Decreto que plantea reformar la Ley de Residuos Sólidos y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado.
Habilitación de Centro de Salud en Tacoaleche
En busca del equipamiento y adecuación del Centro de Salud de la Comunidad de Tacoaleche, la diputada Alma Gloria Dávila Luévano presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía Popular, para que en el Dictamen de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 del Estado de Zacatecas, se destinen 26 millones de pesos del presupuesto destinado para Salud, a la habilitación del Centro de Salud de Tacoaleche, el cual definió como un elefante blanco.
Adiciones al Código Penal del Estado
La diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa dio a conocer a sus homólogos la iniciativa de Ley para adicionar el Capítulo IV Bis, "Delito Cometido Contra Elementos de las Instituciones Policiales", al Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Zacatecas, a efecto de quien cometa un delito en contra de algún integrante de las instituciones policiales en el momento de estar en servicio o con motivo de los actos del mismo, se le aplicará de seis a doce años de prisión, y se aumentará hasta en dos terceras partes la pena establecida cuando se prive de la vida, torture o secuestre al elemento policial en activo.