Por: Andrés Solis
En diciembre el gobierno federal presumía una baja en la incidencia delictiva y de la percepción inseguridad, pero apenas el 20 de febrero pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció un repunte en delitos de alto impacto como homicidio doloso y extorsión.
Casos como el que se registró en Michoacán, donde el dueño de un lote de venta de autos usados fue víctima del crimen organizado por negarse a pagar el derecho de piso, es uno de los cientos de miles de casos de extorsión en México, como aquel que motivo el asesinato de presuntos criminales en la localidad de Tescapilla, en el municipio de Texcaltitlán en el Estado de México.
Y mientras la extorsión aumentó 7.7% respecto a febrero de 2023, los homicidios dolosos pasaron de 2 mil 316 en diciembre de 2023 a 2 mil 491 durante enero de este año.
Las seis entidades donde se concentra la mayor cantidad de asesinatos son: Guanajuato; Estado de México; Baja California; Chihuahua; Michoacán; y Jalisco.
De 2018 a la fecha, la cifra de delitos ha ido en aumento y sólo tuvo una reducción en 2020, el peor año de la pandemia por Covid-19, que también afectó a delincuentes.
Los números hablan de menos delitos, pero no consideran la cifra negra.
Diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Impunidad Cero, México Evalúa y la Universidad de las Américas de Puebla, muestran que esta cifra negra ronda 90%; es decir, sólo se denuncia uno de cada diez delitos.
Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO Guadalajara, señala, "la sensación que queda todo el tiempo es que no existe Estado de derecho, eso es lo que se vive y aunque luego bajan un poquito los índices de percepción de inseguridad, pero queda esa idea".
Para Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de impunidad Cero, A.C., "las pocas personas siguen denunciando, pero no con una fe en la autoridad, lo cual también afecta darle seguimiento y creer que la persona que me está atendiendo me va a ayudar".
Seis de cada diez personas no denuncia porque consideran que es una pérdida de tiempo, desconfían de las autoridades, porque los trámites son muy largos y engorrosos, porque reciben malos tratos y porque tienen miedo a ser víctimas de extorsión a cambio de que se aceleren las investigaciones.