Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expuso que, en las 12 mil 720 candidaturas de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos, detectaron 26 candidaturas con deudas de pensión alimenticia.
"Eran deudores alimenticios, una minoría por violencia familiar; son los dos casos. Con la información que dio el Poder Judicial ya no hubo manera de declarar improcedentes esas postulaciones".
En algunos casos, los partidos hicieron sustituciones de candidatos, en el último momento. Y en otros casos, los candidatos se pusieron al corriente en la pensión alimenticia.
A partir del 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que violentadores de mujeres y deudores de pensiones alimenticias, no podrán participar en los procesos electorales.
Para este proceso electoral, de los 27 que fueron señalados como violentadores o deudores de pensiones, el Poder Judicial del Estado informó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que ninguno cuenta con sentencia y por tanto todas fueron procedentes.