A seis años del caso Ayotzinapa seguimos como al principio
26 de Septiembre del 2014, una fecha que marcó la vida del estado de Guerrero y de todo el país; el momento en que nació el acontecimiento que a nivel nacional daría muestra del trasfondo que existe entre el estado y grupos del crímen organizado en todo México; la noche y madrugada en que 43 normalistas fueron atacados, desaparecidos y que al día de hoy, poco se sabe, a pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió dar resultados inmediatos.
En este sexto aniversario ya la mayoría conocemos lo que las autoridades han informado, pero es importante hacer un recuento; en Iguala, aquel 26 y 27 de Septiembre un grupo de estudiantes fue atacado por la Policía municipal, cuando a bordo de cinco autobuses pretendían viajar a la Ciudad de México, a una manifestación; seis personas murieron, tres eran estudiantes, un civil, un futbolista y un chofer, 40 resultaron lesionados y 43 normalistas víctimas de desaparición forzada.
Se dijo que la corporación local los entregó al grupo delictivo "Guerreros Unidos"y que ellos mismos se encargaron de desaparecerlos por relacionarlos con otro grupo delictivo, más adelante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informaba que también estuvieron involucrados elementos de la Policía Federal y como móvil de la desaparición citaron el tráfico de drogas.
Lo cierto es que las investigaciones de la PGR tuvieron irregularidades y contradicciones, muchas de las detenciones fueron ilegales y en el proceso de confesiones se hizo uso de la tortura; esto ha dado como resultado que de los 142 detenidos ya hayan sido liberados 77, entre policías municipales e integrantes del crímen organizado; de las que mas causó indignación fue la de José Ángel Casarrubias Salgado alias "El Mochomo", quien recientemente fue recapturado con una orden de aprehensión.
En aquel entonces el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, con lo que calificó como "La verdad histórica", prácticamente daba por terminada la investigación e incógnita; argumentando que luego de 39 confesiones, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, entre otros elementos, se concluía que los 43 estudiantes habrían sido privados de su libertad, asesinados, incinerados y arrojados sus restos al río San Juán.
No contaban con que la nueva administración retomaría el caso, el gobierno de la república creó la comisión por la verdad y la conformación de una Fiscalía especial para atender el caso; el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dio por terminada la llamada "Verdad histórica", y anunció la liberación de 46 nuevas ordenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero.
Desde el 2014 a la fecha, sólo se han identificado restos humanos de tres de los 43 estudiantes; dos en la administración de Enrique Peña Nieto, se trata de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz; en el actual gobierno, hace unos meses, fue hallado Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y existe la sospecha que uno más, con vida, se encuentra deambulando como indigente en Mexicali; nada claro, nada conciso, nada certero. Sólo la serie de movilizaciones que desde hace unos días estudiantes normalistas llevan a cabo, a seis años, la herida sigue abierta y vigente, al igual que el reclamo de encontrarlos con vida.