Por la circunstancia que sea, derivadas de civiles armados o autoridades de los tres niveles de gobierno, las agresiones a periodistas representan no sólo una afectación a los representantes de medios de comunicación, sino a la población en general, a quienes se les coarta el derecho a estar informados.
Administraciones federales van y vienen y el número de comunicadores agredidos no se detiene, si bien ya existen áreas especializadas en refugiar y dar protección a los periodistas una vez agredidos, todavía no se ha logrado conseguir evitar que pasen estos casos.
En México existe el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un ente que tiene injerencia también en el estado de Guerrero a través de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Florencio Salazar Adame, esta dependencia ha brindado ayuda a salvaguardar la integridad física de los comunicadores, en un ambiente alejado del conflicto.
Al momento, de acuerdo con periodistas refugiados que pidieron la omisión de sus nombres, de Guerrero hay alrededor de 10 personas desplazadas, estos corresponden a las regiones: Costa Grande, Costa Chica, La Montaña, Norte y Acapulco.
Los desplazamientos comenzaron a registrarse desde el 2015, siendo el año 2018 el más complicado para el gremio, pues en esos meses se incrementó el número de profesionales de la información refugiados.
Desde entonces y a la fecha, viven bajo medidas cautelares, aplicadas bajo la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; hoy no corren peligro, pero ¿a qué costo? A la pérdida de identidad laboral, geográfica, familiar y social.
El tema es tan delicado que al momento de escribir esta nota, el fotoperiodista Raúl Aguirre, en el puerto de Acapulco fue agredido y amenazado de muerte por turistas, familiares de una persona ahogada, eventualidad que cubrían los reporteros.
En el mismo sitio también fueron agredidos verbalmente otros periodistas, a quienes incluso entre jalones y golpes afectaron su equipo de trabajo; todo frente a los ojos de elementos de la Policía Turística, quienes no hicieron nada para evitar la agresión, y es que justamente está pasividad de las autoridades, la impunidad y desinterés, ha provocado que cualquier individuo atente contra la libertad de expresión.