Habitantes en este municipio denunciaron que en algunas farmacias se está elevando el costo de los cubrebocas, los cuales en las últimas semanas han sido de mucha utilidad por la pandemia mundial del Covid-19.
A través de un audio a la redacción de este medio, una mujer indicó que el cubreboca lo encuentran en 20 pesos de manera individual y cuando se compra en paquete de seis cuesta cerca de 16 pesos cada uno, hecho que consideró es un abuso porque anteriormente los encontraban hasta en cinco pesos.
Enfatizó que de nada sirve que como ciudadanos tengan la intención de querer cuidarse, seguir las recomendaciones que emiten las autoridades de salud, si la iniciativa privada no va a ser accesible y al contrario, busquen abusar de la situación y repercutir la economía.
Es por eso que hizo un llamado a la Procuraduría Federal Consumidor para que tomen cartas en el asunto y se sancione a los establecimientos que vendan este producto a costos encarecidos.
Cabe precisar que en otras farmacias el precio individual de los cubrebocas oscila entre los 8 y 10 pesos, costos que argumentan subieron por la demanda en el producto en los últimos días.
Luego de que el Senado de la República retirara el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones para su discusión en el Pleno, a fin de someterlo a un diálogo abierto, plural y constructivo en el que se buscará la participación de todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados en la materia, la Barra Mexicana, Colegio De Abogados, A.C. y el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford celebraron la suspensión del proceso legislativo por considerar que esta propuesta contempla disposiciones excesivamente amplias y ambiguas para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sin definir con claridad los supuestos aplicables ni establecer mecanismos de control adecuados.
La BMA y Facultad de Derecho de Stanford destacaron que cualquier regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe alinearse con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
"Instamos a que la futura discusión de esta iniciativa legislativa incorpore un análisis riguroso desde la óptica de los derechos humanos, y en particular, del derecho a la libertad de expresión, conforme al marco constitucional e internacional vigente", expresaron.
"Es un acierto que, ante las protestas sociales y los señalamientos de diversos sectores, la presidenta de la República haya reconocido la necesidad de abrir un proceso de diálogo con los actores involucrados, con el objetivo de someter la iniciativa a un mayor escrutinio técnico y jurídico", agregaron.
La iniciativa de ley ha causado polémica debido a que en su artículo 109 se menciona que "las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital". Esto ocurrirá "en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables" y la "Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital".
El diálogo estará coordinado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y apoyado por las comisiones dictaminadoras correspondientes.
La oposición asegura que esta situación implica lo que denominaron un "autoritarismo digital", además de que "pone en riesgo la libertad de expresión en México".
La reforma es parte de la iniciativa que la presidenta de México anunció para prohibir la propaganda extranjera pagada, tras la difusión en México de comerciales de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, contra la migración ilegal.
En un acto protocolario celebrado este domingo, ejidatarios del núcleo agrario Barrio Viejo, ubicado en el municipio de Zihuatanejo, entregaron oficialmente la documentación que acredita el comodato de dos hectáreas de terreno destinadas a la construcción de la Universidad Autónoma de Zihuatanejo (UAZIH).
La ceremonia contó con la presencia del visitador agrario de la Procuraduría Agraria, Gustavo López Nájera, y se llevó a cabo en el terreno que será utilizado por la institución educativa, ubicado en el lado poniente de la comunidad San José Ixtapa, a un costado de la carretera que conduce a la playa Linda, en la zona hotelera II de Ixtapa.
El predio fue otorgado en comodato por un periodo de 29 años, decisión respaldada por la asamblea de ejidatarios con el objetivo de contribuir al desarrollo educativo de las nuevas generaciones. Durante el evento, el presidente del comisariado ejidal de Barrio Viejo, Cándido Blanco Torres, expresó que la entrega del terreno representa una inversión social pensada en el bienestar de hijos y nietos de los pobladores.
La Universidad Autónoma de Zihuatanejo ha enfrentado diversos obstáculos administrativos desde su fundación, sin embargo, ha mantenido su compromiso con la formación académica de estudiantes en situación vulnerable.
Zihuatanejo, Gro., 4 de mayo de 2025 ? Prestadores de servicios turísticos y habitantes de Puerto Vicente Guerrero se manifestaron este domingo en Zihuatanejo para denunciar la problemática que enfrentan ante un posible desalojo promovido por autoridades federales.
Con mantas colgadas en un puente peatonal frente a la Central de Autobuses Estrella Blanca y durante el Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela, los inconformes alzaron la voz en contra del proyecto de construcción de un sector naval en su localidad, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar).
"Ayúdanos: ¡No al desalojo de Puerto Vicente Guerrero!" fue el mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en busca de su intervención para frenar el desalojo de familias y negocios en la zona.
De acuerdo con los manifestantes, la Marina, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya emitió oficios para el retiro de habitantes del área afectada. Temen que la construcción del nuevo complejo naval implique la pérdida de viviendas, empleos y la ruptura del tejido social en una comunidad que depende principalmente del turismo y la pesca.
Los manifestantes exigieron diálogo con las autoridades federales y advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que se garantice el respeto a sus derechos y la permanencia en su territorio.
