Por: Abel Martínez
Se ha preguntado ¿por qué pagar por: estacionamiento en centros comerciales, equipaje en vuelos o sanitario en gasolineras?, éstas y otras prestaciones están incluidas en servicios principales, pero las empresas las separan.
Mario di Costanzo, economista, explicó, "La autoridad ha relajado la supervisión sobre esos detalles y otro poco que por la propia pandemia ha hecho que los negocios tengan que maximizar las entradas de ingresos".
Su cobro puede incurrir en abusos, publicidad engañosa, incumplimiento o fraude. Tan solo en la ciudad de México, los centros comerciales están obligados a tener cajones de estacionamiento, pero debido a que la ley no define si deben ser gratuitos o no, los empresarios establecen otro negocio, "los estacionamientos", cobran lo que quieren porque no hay regulación de tarifas y deben responder por robos o daños a autos, pero no lo hacen.
Mauricio Trahyn Bautista, abogado fiscalista señaló que "En estas leyes que no han regulado hay una laguna que tendrían que entrar los legisladores a buscar sanear este tipo de cosas, legamente le llamamos un fraude a la ley".
Los congresos de San Luis Potosí, Colima y Veracruz prohibieron este cobro, pero en Veracruz algunas empresas no acatan la orden. Las aerolíneas pueden establecer servicios extras y sus costos, como el abordaje o asiento preferente, entre otros, pero por ley los pasajeros pueden llevar una maleta de 25 kilos y equipaje de mano de 10 kilos sin costo, pero algunas líneas lo cobran. Otra queja es el cobro de comisiones bancarias, pero la ley las permite.
Mario di Costanzo , comentó, "Después de muchos retiros en un cajero automático ya te cueste retirar tu propio dinero. Por imprimirte el estado de cuenta llegan a ser costos de 150 pesos. No está regulado hasta cuántas comisiones diferentes puede tener un producto financiero, que ese es otro tema muy interesante. Habrá unas comisiones que se justifiquen y otras que no, pero el banco las puede imponer".
La mayoría de consumidores no denuncia por la burocracia en las autoridades, incluida la Procuraduría del Consumidor (Profeco), cuya atención puede ser tardía.
Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y Analista Político, indicó que "No se respeta la ley, las facultades y atribuciones de la Profeco son bastante limitadas, ya que se trata de una procuraduría más bien de carácter conciliatorio, sí tiene facultades para multar pero no tiene facultades para ejecutar. En el código civil y en el código mercantil no hay estipulación expresa en donde haya más mecanismos de defensa o protección hacia los consumidores".
Los legisladores o cabildos deben especificar que las prestaciones estén incluidas o establecer tarifas proporcionales para acabar con los abusos.