Ayer, el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo al Gobierno de Chihuahua para que el juez federal que lleva el caso de Alejandro Gutiérrez debata el carácter de víctima de la Secretaría de Hacienda estatal.
Jorge Espinoza, Consejero Jurídico de Chihuahua, informó que el Juez Décimo Cuarto de Distrito, Érick Zabalgoitia, otorgó el juicio de amparo 379/18.Esto para analizar si se considera a la dependencia estatal como parte afectada en la causa penal 24/2018, en la que se acusa al ex secretario general adjunto del PRI de un presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración de César Duarte y posteriormente hacia las campañas del tricolor en 2016.
"Con este amparo, el Gobierno de Chihuahua deberá ser considerado como parte dentro del proceso penal", indicó el funcionario.
Recordó que en mayo pasado, cuando el juez federal Gerardo Moreno García quitó el proceso contra Gutiérrez al tribunal estatal, la Consejería Jurídica de Chihuahua interpuso el amparo debido a que en la audiencia celebrada en la Ciudad de México desconoció el carácter de víctima e incluso ordenó que se salieran los representantes del Estado.
"Ni siquiera nos dejó hablar", dijo Espinoza.
"Esto pudiera anular todas las actuaciones y audiencias que se han llevado a cabo después de aquella audiencia del 4 de mayo, e incluiría incluso la última audiencia donde se decreta el sobreseimiento".
"Y pudiera ordenarse la reposición de todo el procedimiento".
El juez federal tiene 10 días para dar cumplimiento a la orden.
El viernes 31 de agosto, la PGR se desistió de ejercer acción penal contra Gutiérrez, con el argumento de falta de pruebas.
Tras la exoneración, la Consejería Jurídica de Chihuahua interpuso un amparo, el cual no se ha resuelto.
Gutiérrez, quien está preso desde diciembre de 2017 en el Cereso estatal 1, en Aquiles Serdán, enfrenta dos procesos penales de presunto peculado agravado, luego de haber sido acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El primero es por 250 millones de pesos, de los cuales 246 presuntamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y después entregados al PRI para las campañas de 2016.
Los otros 4 millones son por servicios no prestados por una empresa suya.
El segundo proceso es por haber recibido presuntamente mediante otra compañía un millón 740 mil por servicios que, de acuerdo con la FGE, nunca proporcionó
