Por: Abel Martínez
Se ha preguntado ¿por qué pagar por: estacionamiento en centros comerciales, equipaje en vuelos o sanitario en gasolineras?
Estas y otras prestaciones están incluidas en servicios principales, pero las empresas las separan.
Para Mario Di Costanzo, el problema es que "la autoridad ha relajado la supervisión sobre esos detalles y otro poco que por la propia pandemia ha hecho que los negocios tengan que maximizar las entradas de ingresos".
Su cobro puede incurrir en abusos, publicidad engañosa, incumplimiento o fraude. Tan solo en la Ciudad de México, los centros comerciales están obligados a tener cajones de estacionamiento, pero debido a que la ley no define si deben ser gratuitos o no, los empresarios establecen otro negocio. Los estacionamientos cobran lo que quieren porque no hay regulación de tarifas y deben responder por robos o daños a autos, pero no lo hacen.
Mauricio Trahyn, abogado fiscalista, es tajante "legalmente le llamamos un fraude a la ley".
Los congresos de San Luis Potosí, Colima y Veracruz prohibieron este cobro, pero en Veracruz algunas empresas no acatan la orden. Las aerolíneas pueden establecer servicios extras y sus costos, como el abordaje o asiento preferente, entre otros, pero por ley los pasajeros pueden llevar una maleta de 25 kilos y equipaje de mano de 10 kilos sin costo, pero algunas aerolíneas lo cobran. otra queja es el cobro de comisiones bancarias, pero expertos aseguran que hace falta mejorar su regulación.
"Habrá comisiones que quizá se puedan justificar y habrá otras comisiones que no, pero que el banco las puede imponer?", comentó.
La mayoría de consumidores no denuncia por la burocracia en las autoridades, incluida la Procuraduría del Consumidor, cuya atención puede ser tardía.
Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y analista político, indicó que el problema es que "las facultades y atribuciones de la Profeco son bastante limitadas, ya que se trata de una procuraduría más bien de carácter conciliatorio".
Los legisladores o cabildos deben especificar que las prestaciones estén incluidas o establecer tarifas proporcionales para acabar con los abusos.