Periodistas de Iguala piden seguridad por amenazas del crimen organizado
Periodistas del municipio de Iguala, redactaron un oficio dirigido a los tres órdenes de gobierno para exigir seguridad para poder ejercer su labor; emitieron una alerta porque consideran que están en riesgo y advirtieron que si ninguna autoridad actúa al respecto en los próximos días uno de ellos podría ser asesinado.
En el texto escriben: "en las últimas semanas, en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas".
Precisan que "la noche del 05 de octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio periodístico de Iguala, por parte de personas que se identificaron como miembros de un grupo criminar. Varios de nosotros recibimos llamadas telefónicas, en el contexto de la cobertura a la que asistieron horas antes algunos de nuestros compañeros, sobre una protesta en la Fiscalía Regional con sede en esta misma ciudad".
De manera general, comentaron que con palabras agresivas y ofensivas el gremio periodístico ha recibido amenazas de muertes y les piden no meterse en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, acusando que la información que publican es tendenciosa.
En una de las amenazas les advirtieron que en las próximas semanas un integrante del gremio sería asesinado como Pablo Morrugares, que fue acribillado el 2 de agosto, pese a que contaba con medidas cautelares.
Cierran el oficio con el párrafo: "responsabilizamos al estado mexicano si alguien de nosotros sufre algún atentado en los próximos días, pues le estamos exigiendo que de manera urgente se nos garantice la integridad física, la de nuestras familias y que se nos den las condiciones necesarias para poder seguir ejerciendo nuestra labor".
El oficio va dirigido a Andrés Manuel López Obrador, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las organizaciones de Defensa de Periodistas y de Derechos Humanos.
