Tal parece que no es noticia, tomando en cuenta que la mayoría, si no es que todo el sistema penitenciario del país enfrenta problemas serios de corrupción, malos manejos y actividad delictiva. El estado de Guerrero lamentablemente no podía quedarse fuera.
Administraciones federales y estatales pasan y pasan, cambian los colores, cambian estilos de gobierno y ninguno le ha dado al clavo para controlar y hacer operar con normalidad las cárceles, para que cumplan la función por las que fueron creadas.
De acuerdo a la información recabada, en la entidad existen 16 cárceles estatales y ninguna es de máxima seguridad, no hay establecida alguna de índole federal, ni privada.
Estos centros existen en varios puntos del estado, pero los que concentran una mayor población son Acapulco, Chilpancingo e Iguala, en donde vive una población que cometió delitos del fuero común y delitos federales, se creé que en la entidad hay un 38 por ciento de sobrepoblación penitenciaria.
Cómo en todos los penales del país, también en Guerrero han dado de qué hablar; de entre las polémicas más recurrentes están la serie de protestas que encabezan familiares de los reos.
Quienes reclaman que no hay estancia digna, ni una garantía de gobernabilidad por parte de las autoridades, pero si nos remontamos años atrás, particularmente en el año 2013; se registró un motín que dejó como saldo 28 muertos, 16 heridos y un traslado de más de 80 reos a penales federales
Se estima que la manutención individual por cada encarcelado tiene un costo estimado de 25 pesos, una manera de que pudieran obtener recursos por la vía legal, era vendiendo artículos que aprendían en diversos talleres productivos, pero estos se detuvieron a raíz de la pandemia por el Covid-19.
A pesar de estar encarcelados, la mayoría siguen delinquiendo, la principal problemática es la extorsión telefónica, un modus operandi que a pesar de que estar a la luz, las autoridades penitenciarias no lo han podido resolver, y la verdad, no se ve para cuando.