En el Congreso del Estado de Guerrero se presentó una iniciativa de adición a la Ley de Hacienda del Estado para que se establezca de manera legal que los recursos de contribuciones o impuestos originados por las actividades de casinos o centros de apuestas sean destinados en un 50 por ciento a las asociaciones civiles o centros de ayuda que, sin fines de lucro, operen programas contra las adicciones y la ludopatía, mismas que, para el efecto, deberán estar inscritas en el padrón de la Secretaría de Salud.
El documento se formalizó de acuerdo a las cifras que presenta la Secretaría de Salud a través del Centro de Integración Juvenil; las drogas ilícitas de mayor consumo en Guerrero entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento, son: mariguana (85.9%), cocaína (45.3%) y metanfetaminas (28.5%).
La Ley de Salud en el estado, en su artículo 156, estipula que para fomentar el desarrollo de programas públicos de asistencia social, el Gobierno del Estado promoverá la canalización de recursos y apoyo técnico necesario para los programas de asistencia social, públicos y privados.
En ese sentido, la Ley para la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Guerrero establece que su objeto es apoyar a los programas asistenciales y los servicios de salud estatales, administrar de manera autónoma el patrimonio de la beneficencia pública y prestar los servicios a la población de manera individualizada, que le son propios.
Se estima que en el estado existen 300 centros de ayuda para personas con adicciones, sean o no de bajos recursos, a las que se apoya con atención, tratamiento y seguimiento.
Estos centros de ayuda son sin fines de lucro y se mantienen de donaciones que realizan personas altruistas; sin embargo, cada día aumentan de manera considerable sus gastos, además de que los donantes han disminuido en cantidad y los que aún aportan lo hacen cada vez con menores cantidades.
La propuesta plantea adicionar dos párrafos al artículo 21 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación correspondientes.