Policías Comunitarias de Guerrero, ¿ayudan o perjudican?

Guerrero se caracteriza por ser de los pocos estados de la República en reconocer legítimamente a las Policías Ciudadanas y desde ahí, comienza la falta de Estado de Derecho. ¿Por qué?  

En los años noventa, las comunidades indígenas de la región Montaña reclamaban al Estado y a los municipios mayor seguridad por la gran cantidad de asesinatos, secuestros, amenazas y violencia en general que sufrían sus integrantes, pero al no ver una respuesta favorable nacieron las policías comunitarias.

Fue hasta abril del 2011, cuando Guerrero le da legitimidad a estas corporaciones en apego a la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado. Y nueve años después continúan, pero ya no como coadyuvantes de las autoridades, sino como combatientes del crimen organizado. Entonces, ¿se convirtieron en un mal necesario?

Según el periódico estatal El Sur, hasta diciembre del 2018 se tenía un registro de 23 policías comunitarias o autodefensas en las siete regiones de Guerrero, que se estima tenían el control de más del 60 por ciento del territorio guerrerense.

Entre los grupos más populares, se encuentra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la que fue comandante la actual senadora, Nestora Salgado García, así como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), entre muchas más.

Pero ¿en todo momento se rigieron por la legalidad? Cómo olvidar en enero del 2020 cuando la CRAC-PF presentó a 19 niños armados para combatir el crimen organizado de Chilapa de Álvarez. ¿Qué hizo el Estado? Pidió prudencia para no involucrar a los menores.

Y en abril del 2020, cuando simpatizantes de la UPOEG de Tecoanapa cobijados por los mismos, retuvieron a elementos de la Guardia Nacional para exigir que liberaran a integrantes del grupo de autodefensas que fueron detenidos por participar en enfrentamientos y portar armas de fuego. ¿Dónde estuvo Andrés Manuel López Obrador para defender a la corporación que él creó?

O vamos un poco más atrás, en diciembre del 2018, cuando policías comunitarios de la UPOEG de Petatlán desarmaron a la Policía Municipal y tomaron el control de la Seguridad durante varios días. ¿Dónde estuvo el gobierno estatal y federal?

Las policías comunitarias nacieron ante la falla del Estado en proteger las garantías individuales y derechos humanos de la ciudadanía, incluso fueron reconocidas como un apoyo para las autoridades, pero nunca para realizar su trabajo en seguridad. Sin embargo, ahora protagonizan enfrentamientos con el crimen organizado con armas de fuego, participan en bloqueos de carretera y quema de vehículos, incluso retenciones de funcionarios o efectivos de corporaciones de seguridad con la justificación de la búsqueda de la paz.

Entonces, ¿las policías comunitarias realmente están ayudando al pueblo guerrerense o son una muestra más de la falta de Estado de Derecho que existe en este país?