Transición energética, tarifas, T-MEC, posibles indemnizaciones, expropiación de facto y privatización son frases resonantes en el parlamento abierto de la reforma eléctrica, que propone que la Comisión Federal genere como mínimo el 54% de electricidad.
Cancelar contratos que comprometerían las finanzas públicas y eliminar órganos regulatorios....
Quienes la respaldan, afirman que desde 1990 los gobiernos permitieron que empresarios generaran energía con ganancias multimillonarias, esquema que
habría desplazado a la comisión federal de electricidad, y ahora buscan fortalecerla.
Manuel Bartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad menciona que la empresa pública está convertida en trampolín de los intereses privados a quienes subsidia de múltiples maneras".
Mario Eduardo Díaz Ocheita, coordinador de estudios económicos de la dirección corporativa de planeación estratégica de
la CFE menciona que: "a la CFE se le ha obligado a entregar sus servicios de manera gratuita a soportar las inestabilidades del sistema sin retribución a su patrimonio".
Quienes la rechazan, aseguran que se violan tratados internacionales, que la comisión no tiene la capacidad para garantizar el abasto y que habría más contaminación al desplazar a energías limpias.
Rosanety Barrios, analista del sector energético menciona "claro que hay planes de la CFE de construir plantas de energía renovable, pero no va a ser suficiente".
Carlos de María y Campos, abogado energético, catedrático y asesor dice que la reforma prevé cancelar el 62 por ciento de la generación nacional por la cancelación de
los permisos, esto nos traería una insuficiencia de generación, alrededor de 50 por ciento del país podría quedarse sin luz".
Kenneth Smith Ramos, ex-jefe de la negociación técnica para T-MEC dice que la reforma como está redactada es violatoria del T-MEC y podría resultar en
represalias comerciales y demandas multimillonarias".
Julia González Romero, abogada y especialista en temas energéticos dice que "si la iniciativa se aprueba en sus términos, es posible que México deba pagar unos 70 mil
millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar los proyectos en nuestro país". Los debates no cambiarán el texto de la iniciativa, incluso el presidente ha manifestado que no debe cambiarse.
Al ser constitucional, debe aprobarse por mayoría calificada en San Lázaro. Se necesitan 334 votos, pero Morena y sus aliados sólo tienen 277.
En el Senado necesitan 85 votos, sólo tienen 75 y debe aprobarse por la mayoría de congresos locales.
Al respecto, Gonzalo Monroy, experto en energía indica que "el escenario que estamos viendo ahorita es que esto ni siquiera va a ser aprobado, pero va a
servir como un caballito de batalla, con respecto a otras elecciones".