Anuncios publicitarios en la ciudad generan diversas opiniones
En bulevares de la ciudad, en la azotea de los edificios, en predios y en bardas. Son un sin fin de espectaculares, que van desde anuncios de venta de comida, servicios profesionales o partidos políticos y aspirantes a un cargo público .
La saturación, ha generado una sensación de congestión visual al transitar a pie o en un vehículo.
"Todos esos que están ahí, del nuevo postulante como presidente de la república , obstruye mucho obstruye mucha visibilidad, porque vienes así , cuando bajas no se puede ver porque es demasiado para que tanta cosa".
En la capital existe el Reglamento de Anuncios que regula la instalación de los espectaculares. En el capítulo III, Artículo 9, estipula que la Dirección de Asentamientos Humanos podrá negar el otorgamiento del permiso, cuando los anuncios representan un riesgo para la seguridad del tránsito, alteren las características naturales, arquitectónicas, de imagen urbana o belleza escénica del lugar.
. Carlos Ramírez, quien lleva años dedicándose a la venta de comida en la zona centro de la ciudad, relató que para él no es necesario los espectaculares, ya que su herramienta principal para difundir su producto son las redes sociales.
"Más que nada las redes sociales es el mejor comercio ahorita publicidad que puedas tener porque ya los espectaculares y todo ese tipo de publicidad o el periódico ya no es tanto ya ahorita son las redes sociales es lo mejor que puedes hacer ahorita no para publicitarte y cómo es local el negocio que tenemos es más que nada a la comunidad".
Además el Ayuntamiento de La Paz cuenta con Reglamento de Imagen Urbana, donde estipula en Capítulo VII mobiliario urbano en Artículo 50 y 51 Se prohíbe colocar propaganda o anuncios sobre el mobiliario urbano, además que se debe armonizar con materiales, forma, textura, color e imagen con contexto urbano.
Por su parte, Ángel García dueño de la empresa "Artes gráficas digitales" comentó que los costos para la realizar una lona publicitaria es variado, depende de la altura y material que el cliente busque, tan solo un anuncio de 14 por 10 metros , tiene un costo aproximado de 15 mil pesos.
"Clientes de todo tipo tanto de la iniciativa privada como la pública la iniciativa privada pide calidad y hay lunas desde los 80 centímetros un metro hasta lonas de 10 15 m no buscan mucho empresas a nivel nacional que tienen empresas para los espectaculares que vienen las campañas políticas posible el precio es muy variante dependiendo qué tanta durabilidad quieren que sean las lonas y tiene un precio desde los 90 y 110 pesos".
Ante las diversas posturas por parte de ciudadanos y comerciantes, es responsabilidad del Ayuntamiento de La Paz , regular los anuncios publicitarios en la ciudad y más si genera afectaciones para los propios habitantes.
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Campaña anti inmigrante de EEUU alcanzó a familias sudcalifornianas
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Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".
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Hasta ahora.
En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.
Claudia García, cuñada de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar y su amigo Jesús no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:
"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.
Buscan ayuda para acusados en EEUU "Solo querían migrar"
Las severas políticas migratorias de la administración de Donald Trump impactaron en las familias sudcalifornianas. Dos jóvenes originarios de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, se encuentran enfrentando graves acusaciones en los Estados Unidos que podrían llevarlos a una condena de pena de muerte.
El pasado 30 de abril, Julio César Zúñiga y Jesús Juan Rodríguez decidieron dejar atrás sus hogares en busca de mejores oportunidades económicas. Ambos se dedicaban al buceo y la extracción de moluscos, una actividad que, debido a la creciente precariedad del sector, ya no les garantizaba sustento suficiente para sus familias. Ante la difícil situación, optaron por emprender un viaje hacia Tijuana con la esperanza de alcanzar el sueño americano.
"Ellos son de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Hay muchos testigos que pueden confirmar que ellos trabajaban la almeja generosa, la almeja chocolate y otras especies", señaló Claudia García Osuna, cuñada de Julio César, quien relató cómo los jóvenes tomaron la decisión de salir de su puerto natal.
El trayecto comenzó por tierra, cruzando la península hasta llegar a las playas de Tijuana, donde abordaron una panga con la promesa de llegar a Estados Unidos por mar. Sin embargo, el 4 de mayo, la comunicación con las familias se interrumpió, desatando la preocupación de sus seres queridos.
Pocas horas después, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron sobre el naufragio de una panga frente a las costas de San Diego. En las redes sociales circuló un video en el que se observaba a Julio y Jesús intentando rescatar a otras personas del mar. El saldo fue trágico: cuatro muertos, entre ellos una menor de edad, cuatro personas heridas y siete localizadas, mientras que los dos jóvenes fueron detenidos.
Hoy, los sudcalifornianos enfrentan cargos de tráfico de personas con resultado de muerte, un delito que podría costarles la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, urgió al Fiscal General a procesar a los detenidos, sugiriendo incluso la pena capital en su contra.
"Por lo que se les está juzgando a ellos, y lo que han hecho saber, pues es que están pidiendo una pena de muerte o cadena perpetua, lo cual se nos hace injusto porque ellos hasta el último momento ayudaron a las personas a salir del mar," expresó Claudia García Osuna, visiblemente afectada por la situación.
Las familias de los jóvenes sudcalifornianos solicitan el apoyo del gobernador del estado, Victor Castro Cosío,asi como de las autoridades mexicanas y estadounidenses para evitar que se conviertan en víctimas de lo que consideran un proceso injusto, con tintes políticos más que legales.
"Nosotros no pedimos que los dejen libres, pedimos que sea literalmente lo que les toca, pero que sea justo con ellos, no que sean injustos como lo están queriendo hacer hasta el día de hoy," subrayó García Osuna, quien agregó que la acusación está siendo manejada de manera que no corresponde a la realidad de los hechos.
A través de cartas y mensajes, los familiares de los jóvenes hacen un llamado a la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar que se haga justicia en este caso. "Es momento de apoyar y decir, vamos a apoyar a Julio César, a Iván, a extraditarlos a México, y si no es así, que sea simplemente la justicia, pero que no sea una injusticia," concluyó García Osuna.
Este medio intentó ponerse en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a nivel estatal y federal, quienes canalizaron la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM). Según informes del instituto, se brindó atención a las víctimas del naufragio y se estableció contacto con siete mexicanos que fueron localizados ilesos en custodia de las autoridades migratorias.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido ninguna declaración sobre el estado legal de los sudcalifornianos acusados y, a pregunta expresa, no se confirmó si Estados Unidos brindó aviso de la situación al consulado mexicano.
Los dos jóvenes siguen atrapados en un limbo legal, desprovistos de apoyo consular, sin la posibilidad de comunicarse adecuadamente debido a la barrera del idioma, y sin el acompañamiento de sus familias.A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su postura sobre políticas migratorias, hasta ahora no se ha pronunciado sobre este caso específico
