Coahuila: Publicidad oficial asfixia a la libertad de expresión y obras públicas.
En el contexto de una crisis financiera estatal y una mega deuda, el gobierno de Coahuila ha optado por priorizar el gasto en publicidad oficial a costa de recortes en obra pública. Esta práctica, denunciada por expertos como Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, y Paulina Castaño, Investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, representa un claro ejemplo del uso perverso de la publicidad oficial como mecanismo de censura.
Recursos desproporcionados para silenciar a las voces críticas.
La falta de regulación en la distribución de recursos para publicidad oficial ha permitido al gobierno de Coahuila cooptar a medios de comunicación y asfixiar la libertad de expresión. Como señala Maldonado, "hay una ley marco que no ayuda mucho", la Ley General de Comunicación Social, apodada "Ley Chayote", que facilita la discrecionalidad en el manejo de estos fondos.
Cifras reveladoras: Un gasto exorbitante en detrimento del bienestar social.
Las cifras son contundentes: durante el sexenio de Miguel Riquelme, Coahuila gastó la exorbitante suma de 3 mil 440 millones 284 mil 901 pesos en publicidad oficial, equivalente a un gasto diario de 1 millón 570 mil 435 pesos. Esta cifra contrasta con el recorte del 28.37% en el presupuesto para obra pública, lo que significa que por cada peso gastado en publicidad, se dejaron de invertir casi tres pesos en infraestructura vital para el estado.
Un sistema político viciado por la censura y el endeudamiento.
Como apunta Castaño, "estos vacíos legales perpetúan el uso perverso de la publicidad oficial como un mecanismo de censura". Esta práctica no solo limita el acceso a la información y la libre expresión, sino que también representa un despilfarro de recursos públicos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población.
Es urgente que las autoridades coahuilenses tomen medidas para transparentar el manejo de los recursos destinados a publicidad oficial y establecer mecanismos claros de rendición de cuentas. La libertad de expresión y el bienestar social no pueden ser sacrificados en aras de la opacidad y el uso discrecional del poder.