En los últimos años, algunas playas de Baja California Sur han sido cerradas por particulares, provocando una creciente molestia entre la ciudadanía, que ha comenzado a organizarse para exigir el respeto a su derecho de acceso.
El caso más reciente ocurrió el pasado 15 de abril, cuando residentes de Loreto denunciaron a través de redes sociales el cierre del acceso a la playa Ensenada Blanca, presuntamente por parte del Hotel Villas del Palmar. Gracias a la presión comunitaria, las autoridades intervinieron y reabrieron el paso al mar.
Este tipo de situaciones se enfrentan con un marco legal claro: según la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 8, el acceso a las playas no puede ser restringido ni condicionado, mientras que el artículo 127 obliga a propietarios de terrenos colindantes a permitir el libre paso en caso de no existir vías públicas.
"Hemos detectado que se ha incrementado el cierre de accesos a playas, obstruyendo los derechos de las personas que habitan cercanos a estos sitios", afirmó Sarahí Gómez, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Otro caso reciente fue el intento de privatización de la playa La Posada, en La Paz, donde se colocó un cerco y se anunció la construcción de un muelle de uso exclusivo. Habitantes del Manglito lo denunciaron como un despojo, y el proyecto fue cancelado.
De acuerdo con el Ayuntamiento de La Paz, en lo que va de 2025 se han recibido 8 reportes por cierre de accesos a playas, mientras que en 2024 se documentaron 15 casos. Algunas playas como El Carrizalito, El Saltito y Las Cruces han sido liberadas, aunque hay procesos legales que siguen en curso.
La participación ciudadana ha sido clave en estos logros. Arturo Hernández, activista del colectivo Metiches por Naturaleza, relató que en Pichilingue se logró retirar una concesión tras denuncias por bloqueo con cercos:
"Logramos que le quitaran la concesión a un concesionario que había puesto un gallinero y obligaba a la gente a caminar dentro del mar", expresó Hernández.
La privatización de playas es una problemática que vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía. La organización social y la actuación oportuna de las autoridades son esenciales para garantizar que las playas permanezcan como bienes públicos, abiertos a todas y todos.