Con la aproximación de las elecciones, el escenario político mexicano se ve amenazado por una serie de delitos electorales que dañan la confianza en el sistema democrático. El fraude electoral, la compra de votos, la intimidación a electores, la manipulación de resultados y el robo de urnas son unas de las tantas prácticas ilícitas que persisten durante las contiendas.
Sin embargo, especialistas comentan que desde el año 2014 los delitos que más se presentan son los referentes a ejercer presión a diversos grupos vulnerables como lo son adultos mayores, habitantes de comunidades indígenas o quienes son beneficiarios de programas sociales. La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones para quienes sean sorprendidos cometiendo dichos delitos las cuales pueden ir desde cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a quince años.
"Después del 2014 el delito que se presenta con mayor frecuencia es el que tiene que ver con presiones a los electores para votar a favor o incluso dejar de votar en un proceso electoral"