Cuestionan protocolos de la SEP ante acoso escolar por docentes
El 21 de febrero, madres y padres de la escuela primaria Francisco Payen Sandoval en San José del Cabo protestaron por un presunto caso de abuso sexual cometido por el conserje hacia una menor.
Aunque las autoridades educativas siguen el caso, el temor y la indignación persisten en la comunidad escolar. Exigen la destitución del trabajador y transparencia en los protocolos de atención a las víctimas, tras afirmar que la denuncia fue ignorada.
La Secretaría de Educación Pública cuenta con un protocolo para casos de acoso y abuso sexual a menores, establece que tras ser notificado de lo sucedido el responsable del plantel tiene que:salvaguardar al menor a través de supervisión constante de las actividades en la institución educativa. Seguido, debe atender y citar a los tutores del alumno afectado para obtener su versión y autorización.
Asimismo, instrumentar un acta de los hechos sucedidos, posterior se deben acordar acciones inmediatas para salvaguardar la integridad del alumno y sus derechos humanos. Acto seguido se debe canalizar al alumno y informar a los tutores las instancias legales paralelas para presentar una denuncia.
Es importante mencionar que en 2023, ocho trabajadores de la educación enfrentaron denuncias penales por acoso. Dos fueron liberados por falta de pruebas, lo que genera debate sobre su regreso laboral.
"Todos los casos que nos llegan tenemos qué hacer lo que nos mande el protocolo y el protocolo nos dice que lo primero que tenemos que hacer es creerle a los niños y niñas que hacen la denuncia en segundo lugar separar al maestro o a la maestra del grupo escolar y eso es lo que hemos estado haciendo de allí se inicia la investigación y se invita a los padres de familia y si no la escuela lo hace y es poner la denuncia que corresponde ante los órganos judiciales"
La Secretaría de Educación en la entidad reiteró que, en casos en los que no se cuentan con los elementos suficientes para acusar a los trabajadores, las instancias jurídicas los obligan a ser reinstalados.
Sin embargo, estos no retornan al plantel donde laboraban, sino que se integran a otras comunidades escolares. Situación que continúa consternado a madres y padres de familia quienes se cuestionan si los protocolos de la SEP ante estos realmente garantizan la seguridad de las niñas y niños.