Con la aproximación de las elecciones, el escenario político mexicano se ve amenazado por una serie de delitos electorales que dañan la confianza en el sistema democrático.
El fraude electoral, la compra de votos, la intimidación a electores, la manipulación de resultados y el robo de urnas son unas de las tantas prácticas ilícitas que persisten durante las contiendas y presionan a los grupos más vulnerables de la población.
"Los grupos de la población que se encuentran más vulnerables ya sea adultos mayores, personas con discapacidad, personas de las comunidades y pueblos indígenas o aquellos que reciben el beneficio de un programa social y también podemos decir que los delitos electorales si bien se presentan en mayor medida durante el desarrollo de un proceso electoral también se pueden presentar en cualquier momento es decir no sólo en elecciones si no cualquier época"
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones para quienes sean sorprendidos cometiendo dichos delitos las cuales pueden ir desde cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a quince años.
"La sanción más alta es de 15 años de prisión a aquella persona que disponga de recursos económicos, que acepte recursos económicos que vienen de alguna instancia o de alguna persona que tiene prohibido aportar dinero a campañas electorales o a partidos políticos o bien que proceden de fuentes ilícitas"
Desde septiembre de 2023 hasta enero de este 2024, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) ha iniciado 73 carpetas de investigación por delitos electorales.
Las entidades con más indagaciones por parte de Fisel son la ciudad de México con 32, seguido por el estado de México con 25, Nuevo León con 4, Chihuahua con 3 y Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Morelos y Yucatán con 2.
Este dato subraya la urgente necesidad de fortalecer las instituciones para proteger la integridad del sistema electoral mexicano.