De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 2023 se dotaron 61,700 piezas de equipo médico y mobiliario en unidades de todo el país, con el objetivo de mejorar el servicio. Sin embargo, derechohabientes denuncian carencias de especialistas, equipo insuficiente, mala atención y dificultades para gestionar traslados médicos.
Tal es el caso de María Teresa Marín, derechohabiente del ISSSTE en La Paz, quien desde 2019 interpuso un amparo para exigir atención médica adecuada. A pesar de los estudios realizados, incluyendo endoscopías que han arrojado resultados "normales", sufre una hemorragia interna sin diagnóstico preciso y requiere constantes transfusiones de sangre. "Desde ese año 2019, estamos con esa problemática. Cada que me baja la hemoglobina, mi hematólogo me manda a urgencias para que me transfundan sangre", relata la afectada.
En 2024, se gestionó un estudio especializado que debía realizarse en Culiacán o en la Ciudad de México, pero el proceso estuvo lleno de irregularidades. En Culiacán no contaban con el equipo necesario y, al reprogramar el estudio en la capital del país, le informaron el día de su vuelo que no había dinero para los boletos de traslado.
"Va uno a tramitar los pasajes y todo, y el día que va a volar, avisan que no hay dinero para los boletos. Eso está muy mal, deberían avisar con al menos una semana de anticipación para conseguir el dinero o los pasajes", expresó Marín, quien ante esta situación interpuso un nuevo amparo.
México enfrenta un déficit de 872,000 médicos y enfermeras, lo que impacta directamente en la atención a los pacientes. Tan solo el ISSSTE tiene un faltante de 12,000 profesionales, mientras que el IMSS necesita 440,000 especialistas en salud, según cifras del Gobierno de México.
El proceso de amparo, que puede costar entre 25,000 y 50,000 pesos dependiendo del caso, es actualmente la única vía legal que le queda a María Teresa Marín para exigir atención médica. Mientras tanto, su caso sigue en espera de resolución por parte de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, representada por la licenciada Gabriela Ríos.
La incertidumbre y la falta de soluciones concretas continúan afectando su calidad de vida, evidenciando la crisis estructural del sistema de salud público en el país.