En medio del persistente panorama de la violencia de género, un término emergente ha capturado la atención de expertos y activistas: la violencia vicaria. A diferencia de las formas más visibles de abuso, este tipo de violencia se manifiesta de manera sutil pero igualmente devastadora, afectando las vidas de las víctimas en sus relaciones más cercanas.
La violencia vicaria se caracteriza por el uso de niños, familiares o recursos económicos para ejercer control y manipulación sobre una persona. Ivette Barba, miembro del grupo Ley Sabina, describe esta forma de abuso como una continuación de otros tipos de violencia más reconocidos, como la económica, patrimonial, física y psicológica. Según Barba, después de escapar de estos tipos de violencia, muchas personas se enfrentan a la amenaza constante de perder la custodia de sus hijos, la alienación parental y otras tácticas diseñadas para mantener el control.
Recientemente, el Congreso de Baja California Sur ha tomado medidas significativas al aprobar la tipificación de la violencia vicaria como un delito autónomo, separándolo de las penalidades por violencia familiar. Esta medida surge en respuesta a casos como el de Pamela González, quien ha denunciado la extracción de su hijo por parte del progenitor. "Ya voy a cumplir 2 meses sin ver a mi bebé, sin escucharlo o tener contacto alguno con él", lamenta Pamela, destacando la lentitud y la aparente indiferencia de las autoridades ante su caso.
Pamela, al igual que otras víctimas en la región, enfrenta un proceso legal desgastante y lleno de incertidumbre. "Hay impunidad y falta de urgencia por parte de las autoridades para recuperar a un menor", agrega. Su testimonio subraya la necesidad de una respuesta legal más rápida y efectiva para proteger no solo a las víctimas directas, sino también a los niños implicados, cuya salud emocional y bienestar se ven gravemente afectados por este tipo de violencia.
Estos casos recientes ponen de relieve la importancia de generar conciencia sobre la violencia vicaria y de implementar políticas y procedimientos que aseguren la protección y el rápido restablecimiento de los derechos de las víctimas y sus familias.