Al menos cuatro activistas feministas de La Paz denunciaron haber sido víctimas de acoso e intimidación por parte de elementos de la policía estatal el pasado 7 de marzo, responsabilizan al Gobierno del Estado si algo malo le ocurre a una manifestante.
La activista feminista y periodista Daniela Reyes, expuso su indignación y hartazgo debido a que, previo a la marcha por el 8M (Día Internacional de la Mujer) fue intimidada por la policía estatal en el domicilio de sus familiares, elementos del Gobierno del Estado acudieron a su vivienda para "invitarle" a manifestarse manera pacífica.
Recordó que el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, si no es a través de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Consideró que con estas estrategias pareciera que se busca infundir miedo en las activistas para debilitar la causa, provocando al movimiento para justificar el uso de la fuerza pública.
"No sabemos qué es lo que buscan exactamente con esta estrategia ¿infundir miedo en las activistas para debilitar la causa? ¿provocar al movimiento para justificar el uso de la fuerza pública? pues no, no lo sabemos, pero lo que sí preocupa es que el gobierno estatal emprende estas estrategias cada vez más hostigador haz hacia las activistas".
"Quiero hacer responsable al Gobierno de Baja California Sur a cargo de Víctor Castro si algo me sucede a mí o algunas de las manifestantes, a nuestras familias. También queremos saber quién es el responsable detrás de esa instrucción queremos que pague y queremos justicia".
Activistas que fueron visitadas por la policía estatal ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, pidieron a mujeres a que acudan a estas instancias de haber sido víctimas de algún tipo de acoso e intimidación.