Gobierno del estado ampliará demanda de controversia constitucional ante SCJN
El gobernador Carlos Mendoza Davis anunció que ampliará la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la destitución de 5 diputados locales de oposición y la amonestación de 3 más por parte del grupo mayoritario de legisladores de Morena y PT.
Mendoza Davis expresó que tras un análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas que el hecho tendrá, no sólo para el Estado de Derecho, el funcionamiento del Congreso, y para la vida de los ciudadanos, recurrirá a la Corte para que valore y se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de los hechos suscitados.
El jefe del ejecutivo estatal dijo lamentar que lo sucedido en el Congreso retrasará acciones para los ciudadanos como la construcción de la tan necesitada planta desaladora de Los Cabos.
"Para lograr la materialización de ese y otros proyectos, el Congreso debe autorizar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos comprometan como garantía para su financiamiento sus participaciones de ley. Si posteriormente, como ya sucedió, la autoridad judicial determina que la integración del Congreso es ilegal al no participar las 21 diputadas y diputados electos por medio del voto ciudadano, dicha autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales", advirtió.
Mendoza Davis recordó que ante la duplicidad de mesas directivas del Congreso del Estado, la Suprema Corte de Justicia mandató -en mayo pasado -que se reestableciera la conformación integral del congreso conforme a lo determinado por los votos en el proceso electoral celebrado en junio del 2018, y que ese poder quedara bajos los efectos legales de la última sesión legislativa que presidió la diputada Daniela Rubio.
"Lamentablemente lo instruido por la Corte no fue atendido por el Congreso y, por tanto, afecta de nulidad, por ilegales, los actos que ha realizado, desde entonces, y realiza hasta ahora, la mayoría artificial", agregó.
El mandatario estatal dijo que la sesión legislativa realizada el sábado pasado fue convocada bajo los preceptos de la Ley Orgánica del Congreso, misma que no ha entrado en vigor, porque fue expresamente suspendida por la Corte.
"Por si esto no fuera suficiente, el grupo de los ocho diputados que fueron ilegalmente sometidos a juicio político, goza de los beneficios de una suspensión concedida por la juez segundo de distrito en Baja California Sur que expresamente concedió la suspensión a los demandantes e instruye al Congreso se abstenerse de dictar resolución definitiva dentro del juicio político referido", agregó.
Refirió que estos hechos constituyen un antecedente que atenta contra la democracia y el Estado de derecho.