En la Laguna, el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas directas e indirectas de feminicidio presenta serias deficiencias y disparidades. Mientras que en Coahuila se ofrece una atención limitada a los hijos e hijas de las víctimas, en Durango, no existen apoyos o asistencia, lo que los deja en desamparo.
Este es el caso de las dos hijas de María Fernanda, quien fuera encontrada sin vida el 17 de enero de 2022, en el canal Sacramento, en Gómez Palacio.
"Dicen que Gómez no tiene dinero y Torreón si tiene, pero como no pasó aquí en Torreón, pero mija es de Torreón y las niñas son de Torreón, las niñas tienen que tener derecho igual que todos a lo mismo, ellas hubieran querido que estuviera su mamá, no estar pidiendo despensas ni estar pidiendo dinero", Claudia Rodríguez, mamá de María Fernanda, víctima de feminicidio.
Además de lidiar con la dolorosa pérdida de su hija, Claudia asumió el cuidado y manutención de sus dos nietas por lo que pasó de tener dos a cuatro hijos. A casi tres años de la tragedia no tiene apoyo gubernamental.
"Yo la vez pasada estuve enferma y me quedé pensando: mis niñas están desprotegidas, el día que yo falte ¿qué van a hacer? el gobierno no las está reconociendo como víctimas, porque ellas son víctimas también".
Dice que, en campaña, el ahora gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, prometió integrar a sus nietas al padrón de hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Sin embargo no ha cumplido. Incluso, el autoproclamado "gobernador de las mujeres" ni siquiera le ha dado audiencia al colectivo Madres Poderosas, conformado por las mamás de las víctimas.
"Se comprometió con nosotras que nos iba a apoyar en lo que fuera necesario y aquí nosotros ahorita necesitamos más que nada un decreto que nos indique que es lo que nos está apoyando para nuestros niños", dijo Cristela Soto, mamá de Daisy, víctima de feminicidio.
"Queremos esa reunión más que nada y que se lleve a cabo la reparación de daños integral que hasta ahorita no han podido solventar", agregó Rosa María Rocha, mamá de Dana Milagros, víctima de feminicidio.
En Coahuila, el gobierno ofrece apoyo económico y alimenticio, aunque solo a una parte de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Los colectivos dicen que les pidieron no integrar a más menores, como si se tratara de una dádiva y no de una responsabilidad del Estado de reparar el daño causado por su incapacidad para evitar el asesinato de las mujeres.
México es un país diverso en cultura y geografía, con eventos importantes en todas sus regiones que deben ser destacados. Aunque los medios suelen enfocarse en las grandes ciudades, es clave reconocer lo que sucede en el resto del país
En esta sección, compartimos los hechos más importantes de diferentes estados, desde historias de resiliencia hasta sucesos sociales clave. México no sólo se define por sus grandes ciudades, sino también por sus comunidades y pueblos. Descubre los eventos más relevantes de hoy en diversas regiones del país.
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Una tarde de tragedia se vivió en la presa de San Dionisio Ocotlán, Oaxaca, cuando dos hombres fueron arrastrados por la corriente; uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro fue rescatado con éxito por equipos de emergencia. Las autoridades ya investigan el caso.
La Fiscalía de Veracruz logró una condena de 29 años de prisión contra un hombre por pederastia agravada en perjuicio de tres menores en Tantoyuca. El caso, ocurrido en 2017, concluyó con sentencia firme y medidas de reparación.
Norma denunció la grave situación en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Villa de Álvarez, donde su hermana, paciente con cáncer, esperó más de 12 horas en urgencias sin recibir atención adecuada. Criticó el colapso del hospital, con falta de camas y pacientes en los pasillos, y señaló que la gestión del hospital está rebasada. Exigió a las autoridades, incluida la gobernadora Indira Vizcaíno, que visiten el hospital y conozcan la realidad de los servicios médicos en Colima.
Entre 2015 y 2020, Baja California Sur recibió a miles de migrantes de otros estados, como el Estado de México, Guerrero y Sinaloa, quienes, como María y Balo, encontraron en La Paz una nueva oportunidad de vida. A través de la música callejera, han logrado ganarse la vida en un sector informal que, aunque desafiante, les permite compartir su arte. A pesar de las dificultades económicas y la falta de seguridad social, la música en las calles representa una vía digna y creativa de sustento, enriqueciéndo la cultura urbana de la ciudad.
El Parque Arroyo de la Plata, un espacio verde vital para los zacatecanos, enfrenta graves problemas de invasión por locatarios y terrenos privados, lo que ha provocado su deterioro. A pesar de ser un patrimonio federal, este parque ha sido ocupado ilegalmente durante décadas, con más de 252,000 metros cuadrados invadidos. El gobierno estatal y municipal están trabajando en conjunto para frenar las invasiones y regularizar la situación, aunque se prevé que la solución pueda llevar años.
Seguiremos informando sobre lo que sucede en distintos puntos del país, destacando tanto los problemas como las soluciones que impactan a sus comunidades
El viernes 4 de abril, el exalcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, tiene una audiencia inicial programada ante el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de La Paz, para comparecer como probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por su presunta participación en la aprobación del desarrollo inmobiliario "Misión Punta Norte".
A Muñoz Álvarez se le aperturó una carpeta de investigación LPZ/4446/2021, ahora judicializada bajo la causa penal S1197/2024, por haber favorecido al proyecto Punta Norte,
que buscaba la construcción de 4,600 casas en las cercanías del ejido El Centenario rumbo a San Juan de la Costa.
Una decisión que, de acuerdo con organizaciones civiles, el uso de suelo aprobado fue ilegal, ya que el mega desarrollo consumiría aproximadamente 5 mil metros cúbicos diarios de agua, lo que equivale aproximadamente a 2 millones de metros cúbicos al año.
El cabildo de La Paz, encabezado en aquel momento por Rubén Muñoz Álvarez, aprobó el uso de suelo, condicionado a que previo a su arranque, construya una planta desalinizadora y otra de aguas residuales, así como la donación de un pozo profundo que se ubica en el predio, en favor del municipio.
El colectivo LGBT+, Codisex Los Cabos A.C, denunció una alarmante crisis de desabasto en los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalan que esta situación pone en grave riesgo la salud y vida de personas que viven con VIH en Baja California Sur.
Informaron que tienen casos de al menos 33 personas con VIH en la entidad que al momento de acudir a farmacia a surtir su medicamento se les informa que "no se cuenta con el insumo disponible en la unidad y que llega dentro de unas semanas*, vulnerando su adherencia al tratamiento y violentando sus derechos humanos fundamentales, incluido su acceso a la salud.
La organización recordó que la Norma oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la Prevención y Control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, establece el tratamiento con medicamentos Antirretrovirales debe ofrecerse con sales originales o genéricos que conserven Biodisponibilidad y Bioequivalencia de las sales originales.
"Además de hacerlo sin interrupciones, para evitar la aparición de resistencias y el riesgo de que el tratamiento pierda su utilidad; esto último se indica de igual forma en la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH situación que ISSSTE en Baja California Sur no está cumpliendo desde los primeros meses del año 2025", señaló la organización.
Ante la grave violación de derechos, hemos promovido cuatro amparos con el objetivo de proteger la integridad y salud de las personas afectadas. Sin embargo, la solución no puede recaer únicamente en mecanismos legales; es imprescindible que usted cómo máxima autoridad de ISSSTE en BCS actúe de manera inmediata y efectiva para garantizar el acceso irrestricto al tratamiento que salva vidas.
La Comunidad LGBT+ ha buscado apoyo en otras organizaciones para poder suministrar los medicamentos necesarios. No obstante, el alto costo de estos tratamientos representa un obstáculo adicional, dificultando el acceso oportuno a los mismos.
Exigen al ISSSTE una respuesta urgente y efectiva para evitar que la vida de personas siga en riesgo por negligencia, recordaron que la salud es un derecho, no un privilegio, y su garantía es responsabilidad del Estado.