La inflación de los precios en los productos de la canasta básica siguen a la alza
La tradicional tortilla de harina no es la excepción.
En Baja California Sur, este producto no puede faltar en cualquier comida, como los tradicionales burritos de machaca o frijol o para acompañar la comida.
El incremento en los precios del gas, la sal, la manteca, de la masa e inclusive de las bolsas en las que se envuelve han provocado que los industriales de la tortilla eleven los precios
En La Paz tuvieron la necesidad de incrementar el precio de $46 a $54 pesos, pues llevaban desde hace 4 años sin subir el precio de la tortilla.
"El que lo que tenemos nosotros aquí era de $46 como tres o cuatro años así se mantuvo apenas en lo que fue de diciembre entre noviembre y diciembre fue donde se aumentó ahorita
hasta ahorita lo hemos estado ajustando
cada 8 días se surte lo que es manteca lo que es harina lo que es gas agua porque también se amasa con agua purificada"
Destacó que es una gran diferencia en los precios, pues en lo que va del año ha aumentado el doble de lo que costaba anteriormente, tales como la manteca que su precio actual es de $1,400, la harina que cuesta $600 y el gas que subió hasta 4mil.
"Nos empezaron a subir ahora sí que la harina la manteca pues qué son los ingredientes que llevan para preparar la manteca nos la subieron demasiado cara 1300 y ya casi 1400 la caja de la harina ahorita está como en 600 casi el saco
también el gas si antes llegaba todavía el año pasado llegaba como de $3000 el gas ahorita está llegando arriba de $5000 cada 8 días".
Graciela Ávalos, aseguró que tras el aumento del precio las ventas siguen con normalidad, pues es un producto esencial, que no se ha dejado de vender.
"la venta la verdad no baja la venta si igual aquí
bien saliendo pues se pueden decir como entre 126 kg del turno de la mañana con la tarde ya sería pues sí más de unos que serán 400 kg".
Actualmente la inflación y el precio de los productos es un problema actual, tanto comerciantes como vendedores se han visto afectados, ante ello se ven con necesidad de aumentar el precio para subsidiar los gastos.
En Zumpango, Estado de México, el abuso de autoridad ya no se disfraza: se ejecuta con sellos de clausura.
Empleados de Protección Civil y movilidad del municipio, gobernado por la alcaldesa Roselia Veridiana García, intentaron extorsionar a la empresa Megacable. Tras días de hostigamiento y detenciones ilegales a los trabajadores, al no ceder al chantaje, respondieron con una clausura indebida, sin sustento legal, sin apego al procedimiento, sin justificación.
La represalia no solo atenta contra una empresa que tiene 16 años ofreciendo servicios de telecomunicaciones a la comunidad y que ha cumplido con la normatividad federal, estatal y municipal, afecta a miles de familias, estudiantes y trabajadores que dependen del internet, telefonía y televisión por cable.
Megacable ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción y responsabiliza directamente a las autoridades municipales por los daños causados.
Esto no es gobernar.
Esto es abuso.
Esto es corrupción.
Exigimos que se investigue y se sancione a los responsables.
Zumpango no es botín de nadie. ¡Ya basta de extorsiones y autoritarismo!
Luego de las manifestaciones de colectivos de personas autistas y madres de familia inconformes con la iniciativa de ley para la atención y protección de personas dentro del espectro autista (TEA), la diputada Gabriela Montoya aseguró que el proceso legislativo sigue en revisión y está abierto a consultas ciudadanas.
La legisladora subrayó que la propuesta aún se encuentra en fase de dictaminación, y que antes de ser votada, pasará por un análisis técnico y jurídico con el cuerpo de asesores del Congreso, en el cual se incluirá la opinión de especialistas, organizaciones civiles y personas autistas. "Veo que la mayoría está a favor. No tener una ley es peor. Recuerden que toda ley es perfectible; para eso están los análisis, para que padres, madres y sociedad organizada digan qué le ponemos o qué le quitamos", declaró Montoya.
También reconoció que muchas instituciones públicas carecen de presupuesto específico para atender necesidades básicas, particularmente en salud, por lo que destacó que contar con un marco jurídico, aunque perfectible, es un paso necesario para lograr avances. La diputada reiteró que su intención es construir una ley representativa e incluyente, y que su bancada está dispuesta al diálogo con las familias inconformes, con el objetivo de incorporar sus propuestas de manera formal durante el proceso legislativo. "Ahorita no tenemos nada. Y peor que tener un documento con errores, es no tener ningún respaldo legal", señaló.
La iniciativa fue presentada en días recientes en el Congreso del Estado, y ha sido objeto de críticas por parte de colectivos que consideran que no fue socializada adecuadamente, y que contiene lenguaje discriminatorio o desactualizado. Montoya concluyó que todas las observaciones serán tomadas en cuenta y que el dictamen final reflejará el consenso de una consulta amplia con la sociedad organizada y la comunidad autista.