La IA en la vida cotidiana: beneficios y riesgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el paro anunciado por la automotriz estadounidense Stellantis en su planta en México es solo una medida "temporal" y que no afectará el empleo en el país.

La mandataria explicó que la empresa está evaluando su producción ante los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum detalló que, según información del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Stellantis no planea despidos, sino que realiza un análisis ante las nuevas condiciones del mercado. La compañía suspendió temporalmente operaciones en su planta de Toluca, donde fabrica los modelos Jeep Compass y Wagoneer S EV, así como en Windsor, Canadá.

El director de Stellantis en Norteamérica, Antonio Filosa, explicó que la pausa en la producción es consecuencia de los aranceles de Trump. Sin embargo, Sheinbaum argumentó que la empresa ya tenía dificultades en la venta de estos vehículos eléctricos, por lo que el paro no está directamente relacionado con las medidas comerciales del gobierno estadounidense.

Los productos fabricados en México dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están exentos de los nuevos aranceles globales de Trump. Sin embargo, los sectores fuera del acuerdo, como el acero, el aluminio y ciertos automóviles, sí enfrentarán un gravamen del 25%.

A pesar del impacto que los aranceles podrían tener en la industria automotriz, Sheinbaum destacó que su gobierno trabaja en obtener un trato preferencial para el sector, el cual representa cerca del 4% del PIB nacional.

En contraste con la pausa en Stellantis, Sheinbaum resaltó que la automotriz sueca Volvo incrementó su inversión en Nuevo León a 1,000 millones de dólares y que Nissan también aumentará su producción en México. Con estas inversiones, el gobierno mexicano busca contrarrestar cualquier efecto negativo derivado de la política comercial de Trump.

Stellantis, resultado de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y PSA Group, es una de las empresas más importantes del sector automotriz en México, con seis plantas en el país. En marzo, la compañía reportó cifras récord en ventas, destacando las marcas Jeep, Dodge y Ram.

El gobierno mexicano sigue en negociaciones para mitigar los efectos de los aranceles y asegurar la estabilidad del sector automotriz. Mientras tanto, la evaluación de Stellantis continúa y se espera que en las próximas semanas se defina el futuro de su producción en México.

El viernes 4 de abril, el exalcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, tiene una audiencia inicial programada ante el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de La Paz, para comparecer como probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por su presunta participación en la aprobación del desarrollo inmobiliario "Misión Punta Norte".

A Muñoz Álvarez se le aperturó una carpeta de investigación LPZ/4446/2021, ahora judicializada bajo la causa penal S1197/2024, por haber favorecido al proyecto Punta Norte,

que buscaba la construcción de 4,600 casas en las cercanías del ejido El Centenario rumbo a San Juan de la Costa.

Una decisión que, de acuerdo con organizaciones civiles, el uso de suelo aprobado fue ilegal, ya que el mega desarrollo consumiría aproximadamente 5 mil metros cúbicos diarios de agua, lo que equivale aproximadamente a 2 millones de metros cúbicos al año.

El cabildo de La Paz, encabezado en aquel momento por Rubén Muñoz Álvarez, aprobó el uso de suelo, condicionado a que previo a su arranque, construya una planta desalinizadora y otra de aguas residuales, así como la donación de un pozo profundo que se ubica en el predio, en favor del municipio.

El colectivo LGBT+, Codisex Los Cabos A.C, denunció una alarmante crisis de desabasto en los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalan que esta situación pone en grave riesgo la salud y vida de personas que viven con VIH en Baja California Sur.

Informaron que tienen casos de al menos 33 personas con VIH en la entidad que al momento de acudir a farmacia a surtir su medicamento se les informa que "no se cuenta con el insumo disponible en la unidad y que llega dentro de unas semanas*, vulnerando su adherencia al tratamiento y violentando sus derechos humanos fundamentales, incluido su acceso a la salud.

La organización recordó que la Norma oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la Prevención y Control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, establece el tratamiento con medicamentos Antirretrovirales debe ofrecerse con sales originales o genéricos que conserven Biodisponibilidad y Bioequivalencia de las sales originales.

"Además de hacerlo sin interrupciones, para evitar la aparición de resistencias y el riesgo de que el tratamiento pierda su utilidad; esto último se indica de igual forma en la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH situación que ISSSTE en Baja California Sur no está cumpliendo desde los primeros meses del año 2025", señaló la organización.

Ante la grave violación de derechos, hemos promovido cuatro amparos con el objetivo de proteger la integridad y salud de las personas afectadas. Sin embargo, la solución no puede recaer únicamente en mecanismos legales; es imprescindible que usted cómo máxima autoridad de ISSSTE en BCS actúe de manera inmediata y efectiva para garantizar el acceso irrestricto al tratamiento que salva vidas.

La Comunidad LGBT+ ha buscado apoyo en otras organizaciones para poder suministrar los medicamentos necesarios. No obstante, el alto costo de estos tratamientos representa un obstáculo adicional, dificultando el acceso oportuno a los mismos.

Exigen al ISSSTE una respuesta urgente y efectiva para evitar que la vida de personas siga en riesgo por negligencia, recordaron que la salud es un derecho, no un privilegio, y su garantía es responsabilidad del Estado.