Muelle abandonado contamina playas en La Paz
Usuarios y grupos ambientalistas manifestaron preocupación ante la presencia de restos de corcho que invaden las aguas y arenas de las playas El Coromuel, La Concha y El Caimancito.
Esta problemática se atribuye a la desintegración de un muelle flotante abandonado, cuyo deplorable estado ocasiona la liberación de estos materiales. Organizaciones civiles comentan que originalmente este muelle estaba ubicado en Playa El Coromuel, frente a las instalaciones de la Secretaría de Turismo y Economía de la entidad, y formaba parte de la infraestructura de los toboganes, los cuales fueron retirados en julio de 2023.
"Nos comentaron que el muelle se desprendió de las piedras, imagino que la marea alta se lo llevó y ahorita anda flotando frente a la playa La Concha, la gente ya lo está utilizando para pesca, como plataforma de clavados, ya está generando un problema en cuanto a contaminación," expresó Xchel Palafox, coordinadora de Mar Libre.
A pesar de los insistentes llamados de la comunidad, las autoridades ambientales permanecen pasivas, sin tomar las medidas necesarias para remover el muelle. El corcho, al descomponerse, puede liberar sustancias tóxicas que afectan la calidad del agua y la vida marina.
"Este tipo de muelles están hechos de unicel y forrados con cemento pero a raíz de las tormentas se empezó a destruir y empezó a liberar estas bolitas de poliestireno y ya están en toda la bahía," añadió Palafox.
Es importante destacar que en las leyes vigentes, las regulaciones para asegurar el mantenimiento adecuado de estructuras marítimo-terrestres como los muelles flotantes son casi nulas. La SEMARNAT requiere una serie de documentos y trámites para obtener un permiso de construcción de un muelle flotante, con costos asociados que van desde los $672 MXN hasta los $3,358.00 MXN. Sin embargo, esta falta de normativas claras y específicas contribuye a la proliferación de situaciones como la descrita, donde infraestructuras abandonadas o en mal estado representan una amenaza para el medio ambiente marino y la seguridad de quienes disfrutan de las playas.
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Rescatan a 16 mujeres víctimas de trata en Cancún
Las autoridades mexicanas rescataron este sábado a 16 mujeres, 14 de ellas extranjeras, que presuntamente eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Cancún, en el Caribe mexicano.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) precisó en un comunicado que el hallazgo se dio tras cumplir con una orden de cateo en un bar.
Según la información proporcionada por la dependencia, las víctimas, todas mayores de edad, presuntamente eran víctimas del delito de trata en su modalidad de prostitución ajena.
El operativo, detalló la institución, fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación, en un establecimiento ubicado en la avenida Bonampak, del municipio Benito Juárez, en Cancún.
"En el lugar, los agentes lograron rescatar a 16 mujeres: nueve de nacionalidad cubana, dos mexicanas, dos venezolanas, dos colombianas y una jamaiquina, quienes realizaban servicios de carácter sexual, por los que cobraban la cantidad de 5.000 pesos, de los que 3.000 eran para el encargado del bar", apuntó la Fiscalía estatal.
Entre las actividades que realizaban las mujeres, precisó, estaban obtener dinero por beber con los clientes y hacer bailes privados.
Tras el cateo, el lugar fue clausurado pero no se reportó ningún detenido.
El estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, es el principal destino turístico del país, pero organizaciones civiles han alertado de la trata de personas que se desarrolla en el territorio al este de México. EFE
Falta de prisión preventiva a agresores sexuales perpetúa impunidad
En Baja California Sur, los delitos sexuales continúan en aumento, mientras que la respuesta del sistema de justicia sigue siendo insuficiente. Especialistas en derecho advirtieron que la falta de aplicación efectiva de la prisión preventiva oficiosa está contribuyendo a mantener los altos índices de violencia sexual en la entidad.
Karla González Gavaraín, abogada litigante, recordó que el estado ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de abuso sexual, lo que debería traducirse en una acción contundente por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, lamentó que la medida contemplada en el artículo 19 constitucional ?que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos sexuales? se aplique de forma discrecional.
"Hay jueces que aún recurren a criterios subjetivos para no aplicar esta medida, pese a que la ley fue reformada para evitar ambigüedades. Incluso la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, impulsó una redacción clara para evitar estas interpretaciones, pero el problema persiste", señaló González Gavaraín.
La abogada enfatizó que la lucha contra la violencia sexual requiere coordinación efectiva entre los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. De lo contrario, las víctimas seguirán enfrentando procesos largos, dolorosos y revictimizantes, mientras los agresores continúan en libertad.
"Yo creo que sin duda aquí entra la aplicación de ese tipo de normas, para que se sepa que hay una consecuencia a los hechos. Si alguien anda libre y simplemente no hay justicia pronta, pareciera que hay impunidad", expresó.
Subrayó que si bien existen discursos institucionales que promueven la erradicación de la violencia, estos deben ir acompañados de acciones judiciales firmes para garantizar justicia y seguridad a las víctimas.
"El Gobierno del Estado ha promovido el lema de ?Ya Párale a la Violencia?, pero tiene que haber congruencia entre ese discurso y la aplicación real de la ley por parte del Poder Judicial", concluyó.
La omisión de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa en casos de agresión sexual no solo obstaculiza el acceso a la justicia, sino que también perpetúa un entorno de impunidad y desesperanza para las víctimas y sus familias.
“Gobierno todo el Estado”: Víctor Castro responde a Christian Agúndez
El Gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío declaró que respeta a todos los alcaldes pero debe quedar claro que él gobierna todo Baja California Sur y no sólo una demarcación, esto luego de las declaraciones del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, quien no estuvo de acuerdo con la reapertura del Camino Costero en Cabo del Este.
Castro Cosío insistió en que debe existir orden y respeto a la soberanía, además, recordó que la reapertura de caminos que han sido privatizados dejando fuera a la ciudadanía del disfrute de las playas, es una instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Además que este no es el único caso en Baja California Sur y poco a poco empezaran a abrir los sitios donde particulares han despojado a lugareños, adueñándose de espacios que son del pueblo de México.
"Que haya orden y respeto conforme a la ley, nosotros no incumplimos la ley para empezar, yo soy Gobernador de todo el Estado no soy de una demarcación, ni tengo que pedir autorización a nadie para tomar las medidas que son dictadas desde el derecho que nos corresponde como Gobernador Constitucional de Baja California Sur, así que voy a seguir yendo y a quien no me acompañe, pues lo respeto".
Dijo a Grupo Vidanta que fueron ellos quienes invadieron el camino, atravesando piedras y otras barreras para impedir el paso, espera que exista un diálogo para hacerles ver que no están en contra del desarrollo, sin embargo, este debe de ser regulado y siempre dando prioridad a lugareños no despojandolos de sus tierras.
Finalmente, el mandatario sudcaliforniano señaló que no tiene que pedir autorización a nadie para tomar las medidas que son dictadas y es su derecho como gobernador constitucional de Baja California Sur el proteger los intereses del pueblo, además que no incumplió la ley al dejar libre el camino y seguirá trabajando en cada uno de los municipios con o sin la compañía de alcaldes.