Diversas organizaciones civiles están considerando emprender acciones legales contra el gobierno estatal y municipal debido al incumplimiento de normativas en materia de movilidad.
Carlos Mancilla, director general de BCSicletos, explicó que estas demandas buscan presionar a las autoridades para que cumplan con su obligación de garantizar calles seguras y entornos urbanos más inclusivos, especialmente para sectores vulnerables como peatones, ciclistas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Mancilla señaló que se están violando disposiciones de la NOM-004-SEDATU-2023, norma aprobada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que establece lineamientos para calles seguras. Esta regulación obliga al gobierno federal y a los municipios a implementar medidas que protejan a los usuarios de la vía pública.
Sin embargo, tanto los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos como el gobierno estatal no han cumplido con la creación de calles completas, conforme a esta norma, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y la ley estatal de movilidad.
"También como organización estábamos ya viendo las posibilidades de empezar procesos jurídicos en contra de las autoridades, ante estos incumplimientos de la propia normativa nacional, mexicana y local desde luego también" declaró.
En este sentido mencionó que el objetivo de estas acciones legales es garantizar que se respeten y se ejecuten políticas que prioricen la seguridad de los usuarios de las vías, fortaleciendo la movilidad segura e inclusiva. Mancilla indicó que la situación es preocupante, ya que las disposiciones existentes no están siendo aplicadas de manera efectiva.