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19 de Septiembre del 2024
Seguridad

PGR investiga a Tribunal Burocrático de BCS

PGR investiga a Tribunal Burocrático de BCS

El caso de las tomas de nota en los municipios de La Paz y Los Cabos siguen en juego, mediante un juicio de amparo 1172/2018.

El Juez Primero de Distrito otorgó la suspensión a la entrega de tomas de nota a las dirigencias municipales, por lo tanto no puede avanzar el proceso hasta que sea resuelto.

Precisamente por violaciones a la Ley de Amparo, por tomar atribuciones fuera de Ley y abonar a la confusión de representación sindical.

La Procuraduría General de la República abrió una investigación en contra de Ricardo Alberto Díaz Carrasco y los demás integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado y Municipios de BCS.

El Agente del Ministerio Público Federal abrió la carpeta de investigación FED/BCS/LPZ/0000817/2018 por el presunto delito de Violación a la Ley de Amparo.

Asimismo el Ministerio Público Federal solicitó al Juez Primero de Distrito la copia certificada del incidente de suspensión.

Además pide que actualice todo lo actuado dentro del Juicio de Amparo Principal 1172/2018 del 7 de noviembre del 2018.

Otro presunto caso violatorio a la Ley de Amparo podría registrarse en Los Cabos, donde a petición de quién todavía no recibe la toma de nota oficialmente por la Suspensión, requirió información.

Según expertos, la autoridad municipal debió reservarse la respuesta por encontrarse en laudo aun.

Sin embargo, Rigoberto Arce Martínez, Tesorero Municipal de Los Cabos respondió información oficial bajo el oficio: TGM/012/2019 del 23 de enero.

Esto también es violatorio a la Ley de Amparo, pues aún no es oficialmente líder sindical, hasta que concluya el laudo.

Quien también entregó estados financieros, violando la Ley de Amparo, fue la directora de Administración y Finanzas del OOMSAPAS Los Cabos, Cecilio Soto Esquivel.

La servidora pública entregó información sobre las retenciones vía nómina a los trabajadores de los meses de octubre a diciembre.

Los servidores públicos de La Paz y Los Cabos pasaron por encima la Ley de Amparo y eso es un delito federal.





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