El Juez de Control del sistema de Justicia Penal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, dictó auto de vinculación a Proceso en contra de un ex servidor público estatal por el delito de peculado.
Derivado de un procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa realizado por la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, se procedió a dar Vista del expediente administrativo a la Fiscalía Anticorrupción del Estado por una serie de irregularidades administrativas detectadas en el manejo de la oficina del Departamento de Contabilidad del Instituto de Vivienda.
Tras recabar los datos de prueba y evidencias, se encontró un daño patrimonial por el monto de $54,876,222 (Cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta y seis mil doscientos veintidós pesos MN) en agravio del patrimonio del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.
La Fiscalía Anticorrupción pudo relacionar en los hechos investigados a "Javier" quien, durante el periodo del noviembre del 2021 a noviembre del 2023, tenía bajo su responsabilidad la jefatura de departamento de contabilidad del Instituto de Vivienda.
El Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur solicitó al Juez de Control Orden de Aprehensión en contra del Exservidor Público Estatal para hacerlo comparecer a la Audiencia Inicial. Fue necesaria la ejecución de Orden de Cateo en el interior de un domicilio de La Paz donde se ocultaba el imputado para evadir la acción de la justicia. Ya fue localizado y aprehendido.
La Fiscalía Anticorrupción presentó argumentos y datos de prueba que crearon convicción al órgano jurisdiccional del peligro de sustracción de la justicia del imputado, por lo cual, el Juez del Sistema Acusatorio del Partido Judicial de La Paz, decretó auto de vinculación a Proceso en contra del exservidor público por el hecho que la señala como de peculado previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado.
"Javier" se encuentra detenido y prisión preventiva justificada dentro del Centro de Readaptación Social de La Paz. La pena máxima que pudiera alcanzar es hasta 15 años de prisión.