En una interesante charla con el médico internista Dr. Óscar Hernández, se aborda uno de los problemas más comunes en la sociedad mexicana: el consumo excesivo de comida chatarra y sus consecuencias para la salud.
Desde la infancia, la tentación por alimentos ultraprocesados se inculca en los hábitos alimenticios de los niños, perpetuándose hasta la vida adulta, con graves repercusiones como obesidad, diabetes, hipertensión y otros padecimientos relacionados con el sedentarismo.
El Dr. Hernández destaca cómo la industria de la comida rápida ha logrado enganchar a los consumidores mediante el uso del umami, el "quinto sabor", que genera una adicción casi inconsciente. Aunque muchos productos se presentan como "light" o "bajos en calorías", el doctor advierte que estas etiquetas suelen ser engañosas y que lo mejor es optar por alimentos frescos y naturales.
Además de los problemas mecánicos que la obesidad genera, como la dificultad para moverse o ser atendido en un hospital, Hernández subraya un aspecto poco mencionado: el impacto en la microbiota intestinal. La comida chatarra altera el equilibrio de las bacterias intestinales, afectando no solo el sistema digestivo, sino también el estado de ánimo y el bienestar general.
El mensaje clave es claro: adoptar hábitos alimenticios saludables no solo puede prevenir enfermedades crónicas, sino mejorar significativamente la calidad de vida. Reducir el consumo de refrescos y comida procesada es un paso esencial hacia una mejor salud.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que ya se investiga el asesinato de Yesenia Lara, candidata del partido Morena a la presidencia municipal de Texistepec, en Veracruz, quien fue atacada mientras encabezaba una caravana proselitista.
El crimen ocurrió la noche del domingo y dejó un saldo de cuatro personas muertas y tres más heridas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que el secretario de Seguridad ya está en coordinación con la gobernadora del estado, Rocío Nahle, y que desde el gobierno federal se mantiene comunicación para apoyar en lo que sea necesario. "No sabemos el móvil, pero pedí que se comunicaran también con la fiscalía estatal para avanzar en la investigación", comentó.
Según reportes locales, el ataque ocurrió en plena vía pública, cuando sujetos armados dispararon directamente contra la candidata y sus simpatizantes. El hecho fue grabado por personas que participaban en la caravana y los videos circularon en redes sociales, causando indignación entre la población.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el asesinato y que se buscará castigar a los responsables. La gobernadora Nahle también lamentó el crimen y aseguró que su administración colaborará para esclarecer el caso.
Este es el segundo asesinato de un candidato en Veracruz desde que inició el periodo de campañas, el pasado 29 de abril. Apenas ese mismo día fue asesinado Germán Anuar Valencia, también de Morena, quien aspiraba a la alcaldía de Coxquihui, y en el mismo ataque seis de sus seguidores resultaron heridos.
Antes del arranque oficial de las campañas, al menos 20 aspirantes a cargos locales habían denunciado amenazas, por lo que solicitaron protección a las autoridades estatales y federales.
Veracruz vive un proceso electoral con alta participación política: en total se registraron 12 mil 142 candidaturas a alcaldías, sindicaturas y regidurías, postuladas por seis partidos. La violencia en el contexto electoral ha encendido las alarmas de los gobiernos locales y del federal.
Corporaciones de seguridad en Baja California Sur han reconocido un aumento alarmante en los incendios registrados en casas y predios abandonados, siendo la acumulación de basura el principal detonante de estos siniestros.
Tan solo en los meses de marzo y abril, el Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz atendió 25 servicios vinculados a incendios provocados por residuos como colchones, llantas, plásticos y otros objetos acumulados en zonas deshabitadas.
De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2025 se han reportado 556 siniestros, mientras que en todo 2024 se registraron 1,894 servicios, de los cuales 545 correspondieron a incendios en casas habitación y predios abandonados.
En colonias como Pueblo Nuevo, los vecinos relatan que desde hace más de una década el abandono de viviendas ha propiciado la entrada de intrusos, la acumulación de basura y la proliferación de animales nocivos para la salud. "La han quemado dos veces, cinco veces la han quemado, y no podemos hacer nada porque el dueño vive ahí", compartió María Luisa Escobar, habitante de Pueblo Nuevo, en relación con una vivienda vecina que representa un foco constante de peligro. "Sí nos afecta porque hay animales: ratas, cucarachas, está muy sucio, tienen mucha basura", agregó.
Según datos de SEDATU, hasta el último registro en 2020 se contabilizaban 3,484 viviendas de interés social abandonadas en Baja California Sur. Del total, La Paz concentra 2,084, seguida por Los Cabos con 965, Comondú con 278, Mulegé con 106 y Loreto con 51.
Las causas principales del abandono incluyen la pérdida de empleo de los beneficiarios del crédito, el incumplimiento en los pagos y los cambios de domicilio.
Habitantes de otras colonias, como El Esterito, también expresan su preocupación. "Se comienzan a subir toda la noche, están molestando, se oye un ruido allá, se meten a robar", denunció Rosa Castro, residente del área. "Yo digo, pues si no van a servir esas casas, ¿por qué no las derrumban o el dueño hace algo?"
Las autoridades enfrentan un doble reto: controlar los incendios provocados por el abandono de predios y desarrollar una estrategia integral que prevenga la inseguridad, el vandalismo y los riesgos sanitarios. Mientras tanto, las comunidades afectadas urgen acciones inmediatas para detener esta problemática que pone en riesgo la seguridad y salud pública.
Lo que parecía una campaña mediática se volvió realidad en Baja California Sur: dos jóvenes de Puerto San Carlos enfrentan cargos federales en EE. UU. tras intentar cruzar por mar.
Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".
Aunque el mensaje fue presentado con tono institucional, pronto fue tachado de propaganda migratoria, disfrazada de asistencia humanitaria. El impacto mediático fue inmediato: miles de usuarios en redes sociales en México criticaron el contenido, pero pocos imaginaron que sus efectos podrían tocar tan de cerca a sus comunidades.
Hasta ahora.
En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.
Claudia García, cuñada de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar y su amigo Jesús no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:
"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.